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26 de enero de 2022
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Boletín Oficial

No fue renuncia, fue despido: el gobierno oficializó la salida de Roberto Munives

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El decreto que confirmó la destitución del ahora exjefe de la Policía no hace referencia a una dimisión. En cambio, sólo deja sin efecto su designación.

El gobierno provincial oficializó este miércoles la salida de Roberto Munives como jefe de la Policía de Mendoza, tras el escándalo que generó el "pase VIP" para entrar al Parque Aconcagua que le consiguió a su pareja, Mónica Delsouc.

Si bien el Ministerio de Seguridad había anunciado este martes que Munives presentó su renuncia al cargo, el decreto 65 de la cartera que comanda Raúl Levrino, publicado en el Boletín Oficial, no hace referencia a una dimisión.

En cambio, formalmente destaca que se deja "sin efecto" el decreto 3.007 del 9 de diciembre de 2019, a través del cual fue confirmado en el cargo que ocupaba desde la anterior gestión de Alfredo Cornejo.

Ver también: El caso Munives, y la disputa del poder político real en Seguridad

"Déjese sin efecto a partir de la fecha del presente decreto, la designación del Comisario General -Personal Policial- (R.) Roberto José Munives (como) director General de Policías del Ministerio de Seguridad", destaca el artículo 1 de la normativa que lleva la firma del vicegobernador Mario Abed (a cargo del Ejecutivo porque Rodolfo Suarez está de vacaciones) y de Levrino.

En los considerandos se aclara que los motivos del despido fueron "los hechos acaecidos que se encuentran bajo investigación de las autoridades administrativas y judiciales competentes, y en los cuales se encuentra involucrado" Munives.

"Frente a los acontecimientos que se han desarrollado, en cuanto al accionar que llevó adelante el director general de Policías sobre el ascenso al cerro Aconcagua, y a fin de que se lleve a cabo una investigación con total transparencia, en el día de hoy he solicitado su renuncia a Roberto Munives", aseguró este martes Levrino en una conferencia de prensa. "Todos los días hablo con el gobernador, le manifesté la decisión que he tomado y tuve todo su respaldo", agregó el titular de la cartera de Seguridad. 

El caso

La resolución 822 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SayOT) establece los reglamentos y protocolos sanitarios para acceder al Parque Provincial Aconcagua en esta temporada 2021/2022. La principal exigencia es que todos los ingresantes para hacer travesías de ascenso o trekking largo, cuenten con esquema completo de vacunación antes de obtener este servicio. Y se especifica que la última dosis debe estar colocada 21 días antes de hacer la entrada.

A pesar de ese requerimiento, Munives llevó a su pareja para participar del intento de cumbre en las primeras semanas de enero. De acuerdo con el Registro Federal de Vacunación (Nomivac), Delsouc no tiene ninguna dosis aplicada.

Una nota presentada por el Ministerio de Seguridad a la Dirección de Recursos Naturales (el organismo a cargo de los controles del Parque Provincial), afirmaba que la abogada tiene el esquema de vacunación completo.

Se trata de un pedido de autorización que había sido presentado por Munives el 4 de enero para autorizar el ingreso al Aconcagua. Está firmada por el subcomisario Ariel Astudillo, responsable de la Patrulla de Rescate. Sin embargo, el dato es falso porque Delsouc no está vacunada contra el coronavirus.

Ahora Munives también deberá enfrentar una causa penal, en paralelo a la investigación administrativa que lleva adelante la Inspección General de Seguridad. 

La fiscal en jefe de Delitos No Especializados Paula Quiroga abrió un expediente de oficio por "averiguación hecho". Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya, quien solicitó las actuaciones administrativas realizadas hasta el momento, así como también los legajos a la Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

Debido a las características del hecho que se investiga, Munives podría ser imputado por falsedad ideológica. Se trata de un delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".

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