El gobernador Rodolfo Suarez y su equipo están a la espera de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para conocer cómo impactarán en Mendoza las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández para mitigar los contagios, en medio de la segunda ola de coronavirus.
Este lunes el mandatario provincial anunció la restricción de la circulación nocturna de 0.30 a 5.30, para combatir las fiestas clandestinas y disminuir los casos en medio de la aceleración que se viene registrando en las últimas semanas.
Sin embargo, este miércoles Fernández anunció medidas más duras que podrían impactar al menos en los departamentos catalogados como “zona roja” por ser considerados de “alto riesgo” epidemiológico: Capital, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia y San Martín.
En el caso de Godoy Cruz, el intendente Tadeo García Zalazar, también señaló que están a la espera del decreto.
“Esperaremos la letra del decreto nacional. No podemos hacer medidas aisladas porque estamos dentro del área metropolitana”, explicó el jefe comunal.
En concreto, la Nación restringió de 0 a 6 la circulación, estableció el cierre de bares a las 23, prohibió las reuniones familiares y los eventos sociales al aire libre. También la medida apunta al cierre de casinos.
Las medidas comenzarán a regir a partir de este viernes, mismo día en que se vence el decreto que establece el distanciamiento social en la mayor parte del país, y durará hasta el 30 de abril. Regirán para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las localidades con más contagios, donde hay mayor riesgo sanitario.
Estos cambios previstos desde el Gobierno nacional complicarían la situación de algunos sectores de la provincia, especialmente del gastronómico, que está en contra de cerrar a las 23. El mismo Suarez se mostró en contra de ampliar el toque de queda nocturno y pidió por “medidas inteligentes y efectivas”.
Lo cierto es que la provincia espera el DNU para analizar qué carácter tiene, es decir si aparece como una imposición a cumplir o si se le otorga potestad a los mandatarios para tomar decisiones en cada jurisdicción.