Desde que el Gobierno de Mendoza anunció que los estudiantes volverían a la presencialidad plena en las escuelas, la oposición y el SUTE sostuvieron que los establecimientos no estaban en condiciones por “falta de inversión”. Según los datos oficiales, en 2020 y 2021, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar ejecutó el 84% y el 89%, respectivamente, del presupuesto asignado. 

El Ejecutivo anunció para este año un plan de reparaciones “de más de 200 escuelas en toda la provincia” con problemas en las instalaciones cloacales, sanitarias y eléctricas, como también estructurales. Tanto referentes del peronismo como la conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación salieron a quejarse del estado edilicio de las instituciones, incluso el gremio aseguró que el número de establecimientos con inconvenientes era superior a esa cifra.

Según datos oficiales, en 2020, la Subsecretaría de Infraestructura Social Básica -que luego se denominó Subsecretaría de Infraestructura Escolar- tuvo un presupuesto asignado de casi $619 millones, partida que sufrió modificaciones a lo largo de ese ejercicio, y ejecutó el 84%.

El año pasado, en tanto, el presupuesto votado en la Legislatura incluyó una inversión de más de $1.100.000.000. De ese total se gastó el 89%.

Esta información fue enviada por la subsecretaría conducida por Guillermo Carbonell tras un pedido de informe hecho por El Sol, a través de la Oficina de Investigaciones Administrativas y de Ética Pública. Ante la solicitud realizada, enviaron un documento con el detalle de lo requerido.

Este procedimiento es un derecho de los ciudadanos y su ejercicio está regulado por la Ley 9070 de Acceso a la Información Pública, que permite conocer el manejo de la gestión pública respecto al destino y uso de sus recursos. Asimismo, se trata de un derecho contemplado en la Constitución Nacional.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura Escolar afirmaron que no harían declaraciones respecto a los datos brindados.

Reparaciones e inversiones para 2022

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar anunció para este año un plan de reparaciones que comenzaron a realizarse en febrero, en el que el Gobierno invertirá alrededor de $1.100 millones, a través de coeficientes de impacto zonales.

A su vez, el Ejecutivo le pidió a los municipios que destinen a reparaciones el 30% del dinero que reciben por la coparticipación de fondos previsto en la ley 26.075 de financiamiento educativo, algo que no cayó bien en los jefes comunales, aduciendo que ya invertían en arreglos menores. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas (DGE) avanzó en abril con acuerdos que firmaron los intendentes de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Junín.

Al mismo tiempo, legisladores del Frente de Todos, entre ellos Rafael Moyano, Samuel Barcudi (ex senador) y Mauricio Sat, presentaron diversos pedidos de informe en la Legislatura solicitando detalles sobre el plan de obras y ejecución presupuestaria de la gestión de Rodolfo Suarez, como también respecto al estado edilicio de diferentes escuelas, que esperan sean contestados en las próximas semanas.

Desde el peronismo sostienen que el Gobierno no realizó las obras necesarias en las escuelas en los últimos años, y si las hizo “no se ven”. Además creen que el presupuesto general para educación debería ser mayor de lo que es.

El SUTE, por su parte, al inicio del ciclo lectivo aseguró que las escuelas no estaban en condiciones para que comenzaran las clases con normalidad. El gremio estatal declaró que los edificios con problemas llegaban a ser 1000, más de lo estimado por Infraestructura. Es por eso que el sindicato inició un relevamiento para conocer el estado actual de los establecimientos, que finalizará en los próximos días, indicaron.