“Días antes del final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos publicó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) en su sitio de internet. Elaborado en setiembre del 2015, creó conceptos, cambió criterios, canceló casos erróneos y sumó nombres nuevos. La conclusión: hubo 6.348 desaparecidos y 952 víctimas de ‘asesinato’: 7.300 en total”. La cita extraída está escrita en la página 178 del libro Los 70, la década que siempre vuelve, de Ceferino Reato, y forma parte del anexo 1 del trabajo periodístico que lleva por título Cuántos fueron, en obvia alusión a la polémica todavía no cerrada sobre el número de víctimas que dejó la sangrienta y canallesca dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.

En otro de los tantos libros que retratan y describen al detalle y con minuciosidad lo ocurrido en aquellos años de tanta oscuridad para la Argentina, Graciela Fernández Meijide, a quien la dictadura en su primer año le arrebató a su hijo Pablo, el que continúa desaparecido, escribió: “Eran humanos, no héroes, crítica de la violencia política de los 70”. En la página 165 de ese trabajo de investigación, en el capítulo titulado La deuda trágica, se lee: “En 1977 presentamos ante la Justicia una lista documentada de sólo 450 desaparecidos, que ascendió en 1978 a 2.500, ¿cómo explicábamos la diferencia? La diferencia entre cantidades era el argumento perfecto para un gobierno que negaba las desapariciones y afirmaba, sin empacho, que los desaparecidos estaban en el exterior. Sin embargo, en una conversación con el abogado Eduardo Luis Duhalde, pude comprender el porqué de la denuncia de 30.000 desapariciones. Me explicó cómo, estando en España, él y otros exiliados intentaban introducir en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la existencia de asesinatos y desapariciones con fines políticos en la Argentina. En aquella época, 1977, no existía la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y el único instrumento al alcance de sus manos era la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. De ahí los 30.000 desaparecidos que, se deducía, habían sido ejecutados clandestinamente”.

La prueba acumulada es más que cuantiosa y frondosa en pos de afirmar, con certeza, que las desapariciones de la dictadura nunca fueron 30.000, sino mucho menos. Por respeto a los muertos y desaparecidos, a las víctimas precisamente que dejó aquel genocidio de igual manera, es que surgieron las investigaciones que dan cuenta del número más o menos exacto de los 7.300 a los que se refiere el libro de Reato.

Pero, como se trata de una herida tan profunda y dolorosa de los tiempos más negros por los que halla transitado el país a lo largo de toda su joven historia, la discusión seguirá viva y vaya uno a saber cuándo, finalmente, y a qué generación le tocará cerrarla y dar vuelta la página para direccionar la energía colectiva hacia otras playas y horizontes mucho más promisorios.

Ese tiempo anhelado por todos o por la inmensa mayoría no ha llegado. Porque las investigaciones periodísticas, por suerte, siguen dando mucho que hablar y develando misterios ocultos de tanto oprobio. José D’Angelo, el autor Mentirás tus muertos, acaba de publicar La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones, un libro que cuenta con el prólogo de Juan Bautista Tata Yofre. Esta investigación saca a la luz, al menos, diez casos de personas que murieron en aquellos años, pero, por diversas causas y maneras, como, por ejemplo, por la mala manipulación de explosivos o en tiroteos públicos o por otras circunstancias, pero que, sin embargo, aparecen como víctimas de aquella triste lista que dejó la dictadura, sus nombres aparecen inscriptos en el monumento del Parque la Memoria y por los que se pagaron millonarias sumas indemnizatorias del orden de los 3.000 millones de dólares.

Además de que D’Angelo llega a demostrar cómo se falsificaron documentos para acceder a los beneficios, deja para los mendocinos un interés particularísimo, porque entre los casos fraguados aparece inscripta la desaparición del sanrafaelino Oscar Jesús Ramón Garavaglia, quien desapareció en enero de 1979, luego de salir en una excursión de caza y de pesca junto con un grupo de amigos de la que no regresó, aunque todos sus amigos sí lo hicieron.

En uno de los capítulos de su libro, D’Angelo describe, sin dejar detalles mínimos sin abordar, los días y las horas previas a la desaparición del Pato Garavaglia, al que su madre vio partir en la madrugada del 5 de enero de 1979 para reunirse con sus amigos y abordar un par de vehículos que lo llevarían primero a la zona de El Nihuil y luego a las cercanías del cerro El Nevado. En este último lugar se supone que el grupo tenía previsto llevar adelante una competencia de caza de piches. Se adentraban en el campo y en la ruta, transitando despacio, casi a paso de hombre, un Rastrojero conducido por un padre de los chicos, que tenían entre 17 y 18 años, los esperaba para que depositaran los trofeos en la caja de aquella chata. Al caer aquel día de caza, Garavaglia no volvería del campo. Sus amigos, entre los que se encontraba “su mejor amigo”, recuerda el autor del libro, dirían que lo perdieron, que no supieron más nada de él pese a llamarlo y buscarlo con intensidad.

“Alguien se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2000 e inició un expediente para cobrar la indemnización”, dice D ‘Angelo. Algunos años más tarde, en el 2006, el nombre de Garavaglia fue incluido en los registros como víctima de la represión ilegal, pero, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015, su nombre fue borrado de la lista.

Sin embargo, según consignó el diario Infobae el pasado 25 de noviembre, en su crónica sobre la presentación del libro de D’Angelo, el Estado pagó 37.004.851 millones de pesos actualizados por inflación a setiembre del 2021, según la liquidación número 36.354 del Ministerio de Economía.

El caso Garavaglia continúa impune. De los cuatro amigos con los que salió aquel enero de 1976, sólo uno queda con vida y aunque se les imputó en su momento el crimen del joven, fueron sobreseídos. Para la familia Garavaglia, no está ni vivo ni muerto, y dijo estar sorprendida por el registro que lo incluyó como víctima del terrorismo de Estado y que, incluso, se haya pagado la indemnización. “Yo no sé por qué está en el libro de la Conadep. Mi hermano fue a una cacería con sus amigos y nosotros de la Conadep no hemos cobrado nada”, dijo Susana Garavaglia tras la publicación del libro de D’Angelo.