Cuando las autoridades de Impsa comenzaron a analizar el ambicioso plan para sacar a la empresa de la grave crisis, se propusieron dar tres pasos fundamentales. En silencio y con sufrimiento, como explicó este jueves el CEO de la compañía, Juan Carlos Fernández, la metalmecánica ya cumplió dos de esas etapas previstas. Ahora, en menos de dos años, deberá darle el cierre a una estrategia cuyo principal resultado fue el ingreso del Estado (nacional y provincial) a la exPescarmona.

La emisión de acciones clase C, que quedaron en manos de los gobiernos nacional y mendocino, para capitalizar a la empresa con 20 millones de dólares fue el segundo paso. El primero fue la nueva reestructuración de su deuda.

En tanto el tercero -y único que falta dar- es la venta de las acciones de los fideicomisos que integran el BID, el Banco Nación, el BICE y bonistas internacionales por un lado, y la familia Pescarmona por el otro.

Los detalles del plan figuran en diferentes documentos oficiales, donde textualmente se destaca: “Etapa 3: Listado de las Acciones Clase A y B para su venta en el mercado, a cuyo fin los documentos de la reestructuración establecerán el compromiso de Impsa de someter a consideración de sus accionistas, dentro de un plazo no menor a 18 meses ni superior a 24 meses luego de la emisión de las Acciones Clase C, la autorización para que la Sociedad solicite su ingreso al régimen de oferta pública de acciones y la cotización y listado de sus Acciones Clase A y Acciones Clase B (es decir, de las acciones actualmente depositadas en los Fideicomisos de Acciones) en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico y, sujeto a la correspondiente asamblea de accionistas a ser convocada al efecto y a lo que dispongan los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de IMPSA, proceder en la forma prevista en el mismo para su venta en dichos mercados”.

Rescate estatal

La crisis de la metalúrgica empezó mucho antes de la pandemia de coronavirus. Demoras en millonarios pagos por parte del gobierno venezolano y el descalabro de su empresa hermana en Brasil (WPE) en 2014 llevaron a Impsa a una situación terminal.

Entonces la empresa, que además quedó salpicada en la causa de los cuadernos de la corrupción y tuvo a sus exprincipales directivos investigados por el pago de coimas durante los gobiernos kichneristas, buscó la salida con un plan que terminó en el desembarco estatal, pese a que fuentes oficiales y privadas evitan el término “estatización” y hablan de “capitalización”.

“El paquete controlante de Impsa ha sido adquirido por el Estado Nacional y por la provincia. No es una estatización, porque no será sociedad del Estado, seguirá siendo una sociedad anónima. Los trabajadores van a seguir bajo la ley del empleado privado”, explicó este viernes Pablo Magistocchi, representante de Mendoza en el directorio de la compañía.

Fue un proceso que comenzó a mediados del año pasado y que contó, en el medio del camino, con asistencia del Gobierno Nacional. Primero a través del Programa ATP y luego con el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los más de 720 trabajadores de la compañía.

Este jueves finalmente se concretó el arribo simbólico de la Nación y la Provincia a la empresa. “Es un día muy especial para Impsa y nuestra gente. Llegar acá nos costo mucho tiempo, un trabajo silencioso de seis años de un sufrimiento tremendo hasta hoy que planeamos seguir desarrollando tecnología a nivel mundial y volver a exportar nuestros productos”, aseguró entusiasmado el director ejecutivo de la firma. A su lado lo escuchaban atentamente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suarez, quienes destacaron la importancia de rescatar a Impsa.

En concreto, el Estado nacional inyectó 1.363 millones de pesos para la capitalización de la empresa de tecnología e infraestructura, por lo que su participación accionaria pasó a ser del 63,7%. Mientras que el Estado provincial se quedó con el 21,2% de la participación gracias a un aporte de 454,3 millones de pesos, que en realidad también será girado a Mendoza por la Casa Rosada en formato de ATN.

El porcentaje restante permanece en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.

Ese 15,1% de las acciones de la empresa podrá ser puesto a la venta. Y oficialmente ya quedó establecido que “el producido de la venta de estas acciones no cancelará los montos adeudados bajo la Nueva Deuda, sino que será una compensación adicional para los acreedores Beneficiarios”. 

En otras palabras, el dinero no se destinará al pago de la “Nueva Deuda” que Impsa logró reperfilar en noviembre del año pasado.

“Compensación adicional”

Hay que recordar que en los últimos años la empresa se sometió a dos procesos de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) por el cual consiguió instrumentar la reestructuración de su deuda.

En el primero (APE 2017) se logró renegociar una deuda cercana a los 1.200 millones de dólares y significó un hito ya que Pescarmona perdió el control de la empresa. Desde ese momento el 65% de las acciones de Impsa quedó a cargo de los acreedores, mientras que la familia fundadora retuvo el 35% restante.

En el restante proceso (APE 2020), concluido en noviembre del año pasado, se logró el reperfilamiento de su deuda por 560 millones de dólares, sin quita de capital. 

Entre otras herramientas Impsa propuso la emisión de un nuevo bono en dólares con un período de gracia hasta 2025, cuando se empezarán a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual. El capital comenzará a pagarse en 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

La mayor parte del peso de cumplir con esas obligaciones recaerá ahora sobre la gestión de Impsa, ahora a cargo de los gobiernos nacional y mendocino, que se quedaron en conjunto con el 84,9% de las acciones de la empresa. 

“En estos años deberá crecer y aumentar su capacidad operativa para poder pagar su deuda”, aseguró Magistocchi, quien no descartó la posiblidad de rediscutir la deuda en 2028. “La idea es que la empresa tenga un giro normal y que haga frente a sus obligaciones por sus propios medios. Tendría que ser así”, agregó en declaraciones radiales.

En tanto, los actuales socios privados podrán vender su partipación en los próximos dos años y retirarse con fondos de Impsa como una “compensación adicional”.