La investigación judicial que revela una oscura trama entre políticos, funcionarios, dirigentes y barrabravas de Godoy Cruz caló hondo en el Gobierno provincial. El aporte de entradas de favor, el pago de colectivos, el ingreso de pirotecnia al estadio Malvinas Argentinas y la estrecha relación con barrabravas de funcionarios públicos provocaron que Julio Cobos se desvinculara del complejo escenario y en respuesta salió a criticar a la Justicia y a ratificar a sus subordinados que aparecen involucrados en las escuchas telefónicas.
Esta actitud del jefe del Ejecutivo fue a pesar de que las incriminadoras escuchas telefónicas están plasmadas en un expediente judicial instruido por el fiscal especial Luis Correa Llano. Tanto es así que, ayer a la mañana, la mayoría de las personas del mundillo político y dirigencial a la que se le intervino el teléfono, tal como reveló este diario ayer –la cúpula de Acción Deportiva, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, el titular del Consejo de Prevención en Espectáculos Deportivos y el diputado nacional Alfredo Cornejo– no se explayó demasiado cuando fue consultado sobre el caso y prefirió refugiarse en escuetas explicaciones (ver aparte).
Eso sí, pocos negaron a medias lo que dicen las transcripciones de escuchas por temor a que cuando se levante el secreto del sumario queden más comprometidos. Por todo esto, continuaron ayer ventilándose más datos acerca de la causa.Y apareció un nuevo nombre en la intrincada tramoya:Gustavo Mazzocato, director de Promoción Económica de la Municipalidad de Godoy Cruz. Este funcionario fue quien apareció sorpresivamente hace unos días ante Correa Llano para que el magistrado frenara la investigación de la causa de los barrabravas.
Fuentes afirmaron que este funcionario intentó por todos los medios desactivar el expediente, pero se fue del despacho del fiscal con las manos vacías. Lo cierto es que los polémicos manejos de algunos funcionarios para “pacificar” el fútbol conmovieron ayer al Gobierno en pleno. Pero luego de una larga deliberación interna, el Ejecutivo decidió no modificar ninguna metodología respecto de la prevención de desmanes en las canchas. Tampoco desplazará de su cargo al funcionario que peor parado quedaría con las escuchas telefónicas por dejar entrar pirotecnia al estadio cuando el Tomba juega de local: Omar Pérez Botti, titular del Consejo de Prevención y activo representante del Gobierno en los operativos.
Este funcionario continuará en su puesto “porque no es necesario ni útil que se vaya y no hay nada que indique que tiene que dejar el mismo”, explicó el titular de Desarrollo Social, Sergio Pinto. El ministro salió al mediodía, en una corta conferencia de prensa, a desmentir todo lo que asegura la Justicia.
“COMENTARIOS”. Por su parte, el gobernador Julio Cobos habló del tema temprano, minimizando el hecho y calificándolo como “comentarios de la Justicia” que aún no han sido dilucidados. Pero nada evitó el sacudón hacia adentro en el Gobierno. Pérez Botti despotricó desde temprano por las radios y con los periodistas que se le cruzaron y amenazó con renunciar al cargo en el Consejo de Prevención e incluso a la conducción de la cárcel de Cacheuta, que es la tarea específica que le ha asignado el gobernador Cobos.
“Iba a presentar la renuncia, pero los chicos me pidieron que me quede”, esbozó el ex director de la Penitenciaría al mediodía. Por otro lado, el ministro Pinto recibió en su despacho a Pérez Botti y a los dirigentes de Godoy Cruz. También se sumó a la ronda el ministro de Seguridad, Miguel Bondino, y el subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios, quien también estuvo con el fiscal especial Luis Correa Llano.
Fuentes judiciales señalaron que Castiñeira de Dios se reunió con el magistrado para recriminarle que no era correcto intervenir teléfonos a funcionarios públicos para investigar. El resultado de la reunión fue un comunicado que Pinto y Castiñeira leyeron ante los medios. En el escrito, el Gobierno se desentiende de cualquier vínculo con los barrabravas, se queja de que hayan trascendido las escuchas de Correa Llano y ratifican lo actuado por el Consejo de Prevención.
Además, resalta que el organismo comenzó a funcionar después del partido de Godoy Cruz con Arsenal del 12 de agosto en el estadio Malvinas, cuya suspensión inició el expediente judicial. “Si se acciona, somos inoperantes y si no actuamos, somos sospechados”, se quejó Pinto, a lo que agregó: “Ahora el fútbol se desarrolla con normalidad”. El funcionario evitó referirse al permiso para que la hinchada tombina ingrese pirotecnia a la cancha, pero por otro lado negó de manera terminante el pago de colectivos para los hinchas. Pinto también dijo que el único apoyo económico del Gobierno para el Tomba es el pago de 1 millón de pesos en concepto de publicidad, pago que el club todavía no ha recibido.