Si bien comprar ropa debería significar un placer o la solución a una necesidad para la mayoría de las personas, el ingresar al probador suele convertirse en un verdadero desafío. Los talles son cada vez más chicos y, en muchas ocasiones, tanto mujeres como hombres deben afrontar el fantasma del talle único destinado a un pequeño porcentaje de la población cuyas medidas satisfacen a los diseñadores.

    Hace más de un año que el proyecto para obligar a los fabricantes a garantizar la existencia de talles más grandes está frenado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados. Es que en ese órgano hay doce hombres y sólo una mujer, quien insiste con la aprobación de esta norma. Pero el conflicto con los talles trasciende las fronteras de la moda y, en algunos casos, está directamente relacionado con la aparición de enfermedades como la bulimia y la anorexia.

    El proyecto que espera la ratificación legislativa intenta regular los talles que se ofrecen a la población. La iniciativa es de la senadora Graciela Herranz y establece la creación de un listado de talles conforme a las normas IRAM de confección de ropa. También prevé que los comercios de venta de indumentaria deberán colocar, en un sitio visible para los clientes, un pictograma con las medidas en centímetros que corresponden a cada talle, al margen de que este sea designado con un número o letra.

    Por otra parte, de reglamentarse la normativa, los locales de indumentaria deberán tener ropa de todos los talles en variedad de prendas y modelos para ofrecer a los compradores. Las sanciones a imponer a quienes incumplan con esto serán fijadas por la reglamentación de la ley, estando autorizada la clausura del comercio en casos de incumplimientos reiterados. El control de la aplicación de la norma estará a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control. Cuando el proyecto fue presentado en Senadores, varias agrupaciones debatieron sobre sus alcances e implementación.

    La ONG Protección del Consumidor, la Unión Comercial e Industrial (UCIM) y la Federación Económica Mendocina (FEM), entre otras, acordaron la necesidad de la reforma. Sin embargo, ahora, los empresarios del sector argumentan que hay negocios chicos que no pueden tener todos los talles, ya que significaría una enorme inversión que no pueden afrontar.