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3 de agosto de 2021
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Servicios públicos

Denuncia: nuevo round por la millonaria licitación del parque San Martín

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El estado del parque ha sido crítico en el último año.

Legisladores de la oposición hicieron una presentación en la Oficina de Ética Pública para que se suspenda la adjudicación. El servicio de limpieza había sido otorgado a Santa Elena por 10 años.

En medio de la campaña electoral que ya está en marcha, la adjudicación de la millonaria licitación del cuidado del Parque General San Martín a la empresa Santa Elena sumó otro capítulo con una denuncia que llegó a manos de la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas.

El pasado 30 de julio el Gobierno provincial adjudicó los trabajos de limpieza del predio de 300 hectáreas por un periodo de diez años por casi dos mil millones de pesos. Se trata de un gasto aproximado de 15,5 millones mensuales para desmalezado, riego e iluminación en el pulmón verde, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico.

Los cuestionamientos

La presentación fue realizada por el concejal de Capital, Luis Giachino, y por la diputada demócrata Mercedes Llano, entre otros, que desde hace tiempo vienen señalando presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.

Una de las principales sospechas de los opositores es que la licitación estuvo “armada a medida” para que quedara en manos de Santa Elena, empresa que además tiene a cargo la recolección de residuos en varios departamentos de la provincia.

Uno de los puntos más controversiales es que la empresa tenía una suspensión por dos años emitida por el Registro Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública (RACOP), tras haber adulterado un certificado en una licitación para instalar luminarias LED en Maipú. Sin embargo, pudo presentar su oferta y ganar el concurso público para limpiar el parque.

Ver también: Obra pública y compras: cómo funcionan los controles que activó el Gobierno para evitar la corrupción

En este caso, el Gobierno consideró que no corresponde aplicar la Ley de Obras Públicas (4.416) a la licitación en cuestión ya que se trata de “obras menores”, razón por la cual a la empresa no se le exigió el certificado del RACOP.

“Esta habilitación atípica se da en virtud del inciso 'r' recientemente introducido al Artículo 132 de la Ley de Administración Financiera en el marco de la Ley de Presupuesto 2021, sancionada, llamativamente, unos pocos meses antes de la convocatoria a la licitación de referencia", señala el escrito presentado por la oposición.

En concreto, las sospechas se fundan también en que anticipadamente se modificó la normativa para que Santa Elena pudiera competir. “Pareciera que está todo orquestado”, insistió la candidata a senadora nacional del espacio Vamos Mendocinos.

Según explicó la legisladora demócrata, “por la ley de 4.416 todas las empresas se presentan ante el Racop, como Santa Elena estaba sancionada la encuadran en la Ley de Administración Financiera. El área legal dice que se entra en el inciso “r” que prevé la realización de obras menores, pero estas no son obras menores”, indicó Llano.

Con este panorama, los denunciantes cuestionaron el dictamen de la Fiscalía de Estado por lo que ahora le solicitan al titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, que indague acerca de la “conveniencia, el mérito y la oportunidad de la propuesta” solicitando también informe a distintos organismos técnicos.

Entre otras dudas que surgen, cuestionan si en el pliego se deberían haber establecido detalles como la superficie estimada a regar con los camiones y si habrá reparación en caso de roturas de bombas. También solicitan al Centro de Ingenieros Agrónomos que informe acerca de si el pliego debería haber contemplado un plan de reforestación, entre otras cosas.

“Desde el 2018 vengo haciendo denuncias por el estado de abandono del parque. Fiscalía de Estado dijo que en temas de oportunidad o conveniencia no iba a responder, que solo analizaba temas legales y ambientales. Fueron muy tibios”, señaló Giachino.

“Le pedimos a Balsells Miró que suspenda la licitación, investigue y consulte a los distintos organismos. Esto es un negociado”, añadió el edil.

Desde la Oficina de Ética Pública informaron que no hay plazos para responder, por lo que se tomarán su tiempo para estudiar el caso. Si la opinión no es favorable a lo que solicitan los denunciantes, el próximo paso será la presentación de un recurso de amparo.

Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente prefieren no emitir opinión hasta tanto no sean notificados de la denuncia. 

 

 

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