El Gobierno de Julio Cobos ha decidido emprender una cruzada novedosa para transparentar la política y esa pretensión se traducirá en una ley que obligaría a renunciar a todo funcionario público que no pueda justificar un crecimiento desmesurado de su patrimonio personal durante el ejercicio del cargo. El proyecto será presentado hoy por el Poder Ejecutivo antes de su envío a la Legislatura y tiene como origen el chisporroteo político y mediático que se produjo en torno al sueldo y los gastos del gobernador y uno de sus familiares más cercanos: su hermana Alicia, quien es asesora de la Dirección General de Escuelas. “Cobro 4.600 pesos y me alcanza para vivir dignamente.

       Dudan de todo, a pesar de que saben que soy una persona sin ambición: ¡Me tienen harto!”, bramó Cobos la semana pasada, frente a cuanto micrófono se le cruzó por el camino. Así respondió a las sospechas que esencialmente lanzó el senador iglesista Leonardo Hisa, quien sugirió que Alicia Cobos había cobrado el recorte salarial del 2002 y 2003 y, además, pidió un informe sobre los gastos del gobernador en su viaje a Estados Unidos junto al presidente Kirchner.

        “Sería bueno que todos dieran cuentas de sus bienes, ya que creo que la única declaración en internet es la mía”, dijo Cobos antes de volcar toda su rabia al papel: de acuerdo con el proyecto de ley de transparencia, todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán que presentar una declaración jurada de bienes anual, para demostrar que la función no le sirvió de excusa para enriquecerse.

       ESPOSAS E HIJOS. Según explicó el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, las declaraciones de los funcionarios tendrán una faz pública y otra privada. La parte pública se podrá consultar en internet y permitirá ver las cifras y algunos datos generales respecto del patrimonio. En la parte privada, por una cuestión de seguridad, irán los detalles de cada uno de los bienes, por medio de una declaración jurada que quedará bajo custodia en el Gobierno. Un punto importante es que las declaraciones de bienes deberán incluir lo que tienen a su nombre las esposas y los hijos menores de cada funcionario, para evitar que eludan la ley poniendo bienes a nombre de sus familiares.

       Por otra parte, la norma invitará a los municipios a adherirse y pondrá en manos de la Fiscalía de Estado el “control de la evolución” del patrimonio de todos los que ostentan cargos. Los formularios correspondientes deberán ser firmados todos los años y el incumplimiento de esto o el enriquecimiento desmedido tendrán una más que dura pena: “No puede haber una multa, porque eso le permitiría al infractor seguir trabajando en el Estado. El que no cumpla la ley tendrá que irse”, sentenció Marinelli ayer.

       REFORMA POLÍTICA. Mientras tanto, Cobos está a punto de presentar otro proyecto que atiende el reclamo popular de transparentar la política: la reforma electoral, que estará apuntada a la eliminación de las polémicas listas sábana de candidatos. El propio gobernador revisaba anoche el borrador del proyecto,que fue elaborado por el Ministerio de Gobierno, y también podría ser dado a conocer durante esta jornada. En el Poder Ejecutivo, reiteraron ayer que la anunciada reforma electoral recibirá el aporte de organizaciones civiles, las que serán convocadas a opinar sobre el proyecto en alguna de las etapas del debate.

       Precisamente el ministro Marinelli se reunió el lunes con la agrupación multisectorial Cambiemos la política. Y los dirigentes de esta organización dejaron en claro por dónde pasan sus inquietudes: reclamaron la eliminación lisa y llana de la lista sábana, a lo que agregaron el pedido de modificar la representación legislativa, para que cada departamento tenga una banca en el Senado provincial.