El estallido social provocado por la modificación de la Ley 7722 puede tomarse como un error de lectura. El gobierno, recién asumido, consideró que bastaba con haber prometido desarrollo minero durante la campaña del 2019. Y entendió que el aluvión de votos lo habilitaba; sobre todo, porque la principal lista opositora pensaba exactamente igual sobre el tema.

Pues no. No fue así. Nadie la vio venir o no hubo inteligencia suficiente para prever los hechos de ese fin de año caliente. Pero podía suceder. Y fue el único episodio de controversia política a la que la gestión de Suarez puede encontrarle factores exógenos. El resto, todo daño autoinfligido. Errores no forzados con un denominador común.

La madre de todas las batallas para el gobierno mendocino es Portezuelo de Viento. Quizá no puertas hacia adentro. Hacia afuera, resulta la excusa ideal para posicionarse frente al kirchnerismo. Ahí, cualquiera sea el desenlace, Suarez sabe que saldrá ganando. Si la Casa Rosada baja el proyecto, será culpa del PJ. Si da luz verde, la historia dirá que fue gracias a su insistencia.

Incluso así, ha dejado flancos sin cubrir. Que desde el Ministerio del Interior hayan desestimado el primer pedido de laudo por cuestiones formales es un ejemplo. Y más allá de las explicaciones técnicas y exposiciones de derecho constitucional y administrativas, lo real es que frente a un litigio de estas características, el abordaje y la avanzada tienen que ser absolutos. Un blindaje.

“La nota formal no se presentó. Lo real es eso. Después, pueden dar mil argumentos. Pero esa nota debía estar”, reconocieron en off a la hora de hacer el análisis legal y técnico. Nadie se anima a decirlo en voz alta porque nadie quiere confrontar con el círculo rojo del gobernador.

El Azufre, otro conflicto caro. El proyecto de construcción del mayor centro turístico invernal de la región resultaba demasiado seductor como para que la participación del Estado mendocino se limitara a un decreto silencioso cuando el 2021 se apagaba. Demasiados aspectos técnicos como para dejar que el tema sea interpretado al libre albedrío. Y fue lo que terminó sucediendo. Otra hendija por donde la oposición decidió entrar y levantar una bandera ajena, pero que sirvió para hacer un poco de ruido en las redes sociales.

Antes de que eso sucediera, Suarez había intentado quedar en la historia como el gobernador que había logrado reformar la Constitución Provincial e impulsar una ley de Educación modelo que fijara los lineamientos hacia el futuro.

Los dos proyectos quedaron truncos. La reforma constitucional resultó extemporánea. No porque no fuera necesaria, sino porque careció de empatía con la agenda urgente de la provincia por esos meses signados por la pandemia. A la discusión –escueta- le sobró fundamentos técnicos, aunque careció de cintura política. Y se terminó esfumando.

El tema educativo, el Ejecutivo mostró timorato; apocado a la hora de plantear que era un objetivo de gestión y que la discusión debía darse sí o sí con todos los actores involucrados. Lejos de eso, cedió ante la presión de un gremio docente que venía mostrando claras señales de debilidad. Tantas, que perdió la conducción en la última elección sindical. Aun así, le alcanzo para voltear el debate.

Las últimas dos semanas también fueron parte de esa tremolina.

Primero, por una cesión poco clara de un terreno en Uspallata para construcción de un parque solar para la generación de energía fotovoltaica. Lo que debía ser una noticia auspiciosa se convirtió en un embrollo que el gobierno tuvo que salir a explicar. Que si era en comodato o si era una donación. Que por qué el decreto tenía conceptos diferentes. ¿Alguien lo revisó? ¿Por qué justificar que se necesitaba resolver con rapidez un expediente que ya llevaba cuatro años dando vueltas? Hasta Fiscalía de Estado entendió que existía algún desatino y que era un trámite flojo de papeles.

Segundo, un renuncio de calendario. Era cuestión de programar una alarma para saber que el mandato de Mariana Silvestri como titular del Ministerio de la Defensa Pública vencía el 9 de marzo. Era un dato conocido desde que Alfredo Cornejo la puso en funciones en 2017. No había necesidad de llegar a las últimas horas para saber el desenlace. Y la película se puso más interesante cuando el Ejecutivo decidió enviar sobre la hora el pliego de una abogada que para la comidilla judicial era una desconocida y con pocos pergaminos.