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29 de noviembre de 2021
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Justicia

Caso Próvolo II: el Tribunal respondió a las críticas de las víctimas

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Las víctimas y sus familiares señalaron dilaciones en el tribunal.

Los magistrados detallaron las medidas que se han adoptado en resguardo de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el instituto de Luján de Cuyo.

Los jueces del Tribunal Penal Colegiado N° 1 a cargo del segundo juicio por los abusos sexuales cometidos a niños sordos en el Instituto António Próvolo, de Luján de Cuyo, respondieron a las críticas por las demoras y la falta de perspectiva de discapacidad por parte de la Justicia.

En un escrito de cinco páginas dado a conocer este lunes, los magistrados María Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Rafael Escot informaron sobre “la existencia o no de medidas adoptadas” en el proceso “en resguardo de los intereses de las presuntas víctimas del caso y el ritmo de la causa” que tiene a 9 mujeres imputadas, entre ellas, dos monjas.

Los cuestionamientos que se vienen planteando desde el colectivo por la Restitución de los Derechos a Sobrevivientes son la falta de intérpretes de lenguas de señas y de contención psicológica para los denunciantes.

Desde el Tribunal aclararon que, si bien “se solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de intérpretes en lenguaje de señas para la traducción total del contenido del debate”, la medida finalmente no se implementó “por la falta de hallazgo de profesionales dispuestos a cumplir ese rol y por pedido de los representantes de las presuntas víctimas, quienes dijeron que ellos comunican a sus asistidas todo lo ocurrido durante el juicio”.

A su vez, precisaron que se realizó la “selección y nombramiento de dos intérpretes oficiales, que justificaron ante el Tribunal versación en su oficio, conocimiento de la problemática de las presuntas víctimas e interés en trabajar en el presente proceso” tanto en los actos que se realizan en el marco de la audiencia como para su comunicación con el personal administrativo, con las licenciadas que practican exámenes psicológicos, hasta con sus abogados.

En otro de los puntos señalaron que todos los denunciantes que han prestado su testimonio estaban en condiciones de hacerlo y que las declaraciones se hicieron  a través del dispositivo de Cámara Gesell, a pesar de ser todas son personas mayores de edad.

“Se les informó a los testigos con diversidad funcional que pueden concurrir al Tribunal y estar acompañados en todo momento, incluso mientras declaran, por una persona de su confianza”, especificaron los jueces.

Y detallaron que se les ofrece un refrigerio y se les puso a “disposición un auto y un chofer oficial para el traslado hasta y desde el Tribunal. También las testigos que tienen que trasladarse junto a hijos menores, cuentan con un remis a cargo del erario del Ministerio Público Fiscal”.

En este apartado respondieron a los referentes del mismo colectivo quienes han revelado la falta de recursos económicos de los sobrevivientes y las dificultades que tienen para llegar al Palacio de Justicia.

Una megacausa


“El Poder Judicial de la Provincia de Mendoza no tiene hasta la fecha antecedentes de un juicio con complejidad semejante a este, al menos en lo conocido en los más de veinte años de trabajo en la justicia de los miembros de este tribunal”, indicaron los magistrados al hacer referencias a las dilaciones del proceso que se realiza en formato semipresencial.

A modo de referencia, precisaron que el Próvolo I tenía tres personas imputadas, mientras que la segunda causa, nueve y la lista de testigos ofrecidos asciende a más de 250 personas.

“Muchas de las personas acusadas en el juicio, como así también algunos de los profesionales que las asisten, no tienen disposición full time para la realización del juicio. Algunas de las profesionales imputadas han concentrado sus horarios de trabajo para poder comparecer al juicio en horario matutino, y así poder continuar con el resto de su labor profesional en las tardes. Dos de los jueces titulares y los tres suplentes -que deben presenciar la totalidad del juicio- no han sido relevados de sus tareas jurisdiccionales restantes (a diferencia de lo que se dispuso al respecto en la causa Provolo I)”, destacaron.

Por otro lado, hicieron hincapié en que se limitó la intervención de dos defensores por acusadas en cada jornada de juicio o en cada incidente, “y se ha dado un tiempo máximo para la presentación de las argumentaciones respectivas (15 minutos por parte)”.

En tanto, recalcaron que  se exigió la presencia en la sala de audiencia de un representante de cada parte para evitar suspensiones por motivos de fallas de conectividad y que se fomentan reuniones informales con los distintos profesionales intervinientes para discutir y evaluar toda medida útil para evitar demoras innecesarias.

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