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9 de agosto de 2022
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Investigación

Bonarricogate: la información que espera la Justicia para determinar si hubo delito

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Héctor Bonarrico, cuando ocupaba su banca en el Senado provincial.

Los investigadores solicitaron la normativa para definir si se trataba de un acuerdo de colaboración o un subsidio que iba a otorgar el Gobierno a la Fundación del ex senador.

En mayo se desató un verdadero escándalo político en la provincia cuando el ex senador Héctor Bonarrico admitió que el Gobierno iba a otorgarle un millonario subsidio a su Fundación Acción Social a cambio de bajarse de su candidatura. A raíz de eso llegaron una serie de denuncias cruzadas que la Justicia espera poder resolver en el transcurso de este mes.

Ver también: Escándalo: el Gobierno le bajó el subsidio a Héctor Bonarrico tras sus declaraciones

En el caso del PJ, la presidenta del partido, Anabel Fernández Sagasti, presentó una demanda para que se investigue el accionar del Ejecutivo en la firma del convenio que iba a otorgarle $18 millones a la fundación del pastor evangélico. Lo cierto es que para seguir avanzando, el equipo de fiscales -integrado por Hernán Ríos y Flavio D´Amore- está a la espera de la normativa administrativa que solicitó para determinar si los delitos encuadran en los hechos denunciados.

Por su parte, los investigadores quieren conocer las diferencias que actualmente existe entre un subsidio y un acuerdo de colaboración. Este último es el que se firmó con el religioso. Para eso también han realizado las consultas correspondientes a la Fiscalía de Estado y al Ministerio de Gobierno.

Ver también: El PJ presentó la denuncia contra el Gobierno por el subsidio a Bonarrico

“Hay que verificar en qué ámbito normativo nos movemos. Un subsidio y un acuerdo de colaboración no se rigen por las mismas normas”, señalaron desde el Poder Judicial.

Una vez que llegue esa información, que se espera que sea a la brevedad, se procederá a verificar si se cumplen los delitos que denunció el PJ: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir, enriquecimiento ilícito de funcionarios, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

De ese listado, algunos serían “contradictorios” y podrían ser descartados.

Por el momento, del lado del Gobierno prefieren no hacer declaraciones, aunque señalan que hubo una “sobreactuación del PJ” en este tema.

Ver también: La investigación del "Bonarricogate" ya dio su primer paso en Tribunales

Por otro lado, está el expediente contra Bonarrico que investiga la fiscal Susana Muscianisi. Tras sus dichos, el Gobierno lo acusó de “tentativa de fraude”.

Con ese escenario, el pastor reapareció en público el pasado 7 de julio luego de haberse presentado en Tribunales. En su declaración, el religioso negó un acuerdo político con el oficialismo contrariamente a lo que dijo en declaraciones radiales

A la salida se filmó manejando y realizó un inédito descargo: “Algunos saben las calumnias que el enemigo ha levantado tratando de opacar el reino de Jesucristo a través de presentar falacias y mentiras impresionantes”, dijo el ex legislador, entre otras frases polémicas.

Ver también: "El diablo miente" y otras frases del inédito descargo de Bonarrico en video, mientras manejaba

En tanto, desde el peronismo señalan que ha sido “difícil” en este tiempo “compulsar el expediente” y la idea ahora es hacer un ofrecimiento de prueba para motorizar la causa.

 

El escándalo

 

La polémica se desató cuando el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial un acuerdo por 24 meses entre el Gobierno y la Fundación del pastor. En el documento se expresaba que iban a entregarse al menos 18 millones de pesos a la organización del pastor. Luego, estalló el escándalo político cuando el propio Bonarrico, en declaraciones radiales, reconoció que fue un “acuerdo político”.

El terremoto político llegó también a la Legislatura con encendidos debates entre oficialismo y oposición. En las sesiones se aprobó por unanimidad un pedido de informe del PJ solicitando detalles de los convenios que el Gobierno firmó del 2016 a la fecha con fundaciones y organizaciones sociales.

También hubo un pedido de interpelación al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, que no prosperó en la Casa de las Leyes.

 

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