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3 de agosto de 2021
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La investigación

Bentogate: siete párrafos calientes de un expediente que arde

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Imagen ilustrativa.

Es la base de la acusación por "asociación ilícita", la imputación más grave que enfrenta el juez federal Walter Bento.

De todas las imputaciones que existen contra el juez federal Walter Bento, la figura de “asociación ilícita” es la más grave. Por su condición de líder, según la investigación, arriesga una pena mínima de cinco años de prisión. De ahí en más, la condena, si es encontrado culpable, puede ser difícil de calcular a partir de la cantidad de casos y de la sumatoria del resto de los delitos en juego, tales como enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

Son apenas siete párrafos -de un total de de 823 fojas- los que necesitó el juez federal Eduardo Puigdéngolas para confirmar en el escrito del procesamiento su hipótesis sobre la existencia de una banda dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. Esa era, según el expediente, la mecánica en el accionar de la gavilla: un grupo de abogados recibía el dato de personas con causas abiertas en el juzgado de Bento; contactaban a los imputados y les explicaban que, si pagaban determinada cantidad de dinero (siempre en dólares), podían mejorar su situación procesal. Eso iba desde excarcelaciones, cambios de calificaciones por acusaciones más leves o prisiones domiciliarias. Siempre, dentro del margen que el delito de origen lo permitiera. Por lo general, tenía que ver con contrabandos.

Estos son los textuales:

“La valoración conjunta de los elementos de descargo analizados en el presente apartado… me permite arribar a idéntica conclusión que la estimación realizada respecto de los elementos de cargo. Esto es, la presunta existencia de una asociación ilícita cuyo propósito colectivo sería recaudar sumas de dinero y/o bienes a cambio de otorgar beneficios procesales en causas penales de gran trascendencia económica que transcurrían ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, cuyo Jefe sería el Dr. Walter Ricardo Bento.

“En efecto, los abogados imputados Ríos y Aramayo prestaron colaboración indicando causas en las que habrían intervenido, detalles de la metodología y roles cumplidos por cada integrante.

“Por su parte, como analicé, los abogados Alba y Ortego reconocieron su vínculo con Diego Alfredo Aliaga, manifestaron el alarde que realizaba respecto a su relación con Walter Bento y sus arreglos en la Justicia Federal. Consideraron que es el Juez Bento quien debería explicar su relación con ALIAGA surgida de las comunicaciones telefónicas –situación que no ocurrió¬. Manifestaron y aportaron datos respecto a acuerdos que habrían llevado adelante Ríos y Aramayo, con Diego Aliaga como intermediario. No relativizaron en modo alguno su actuación acreditada con solidez en el proceso. 

“El Comisario José Moschetti también refirió a la relación que Aliaga manifestaba tener con BENTO y a un presunto acercamiento entre ambos, sin lograr desvirtuar los elementos en su contra.

“El Dr. Walter Bento refirió a posibles maniobras irregulares en torno a las causas en que él intervenía, aunque se desvinculó afirmando no tener conocimiento del dinero que pedían Aliaga, Ortego, Alba, Ríos o Aramayo, considerando que podrían obedecer a venta de humo o influencias. Como ya analicé, tampoco logró desvirtuar su participación en los hechos atribuidos ni procuró desacreditar su relación y conversaciones acreditadas con Aliaga, sindicado nexo de la organización”.

"Es decir, cada uno procuró su propia desvinculación pero no desacreditaron la existencia de una asociación ilícita. Por el contrario, la convalidaron. Asimismo, ninguno de los imputados aquí analizados logró refutar con sus dichos, mucho menos con elementos fácticos opuestos, la gran cantidad de prueba objetiva e indiciaria, concordante, correlativa y uniforme que permiten sostener la hipótesis del Ministerio Público Fiscal en orden a las conductas atribuidas.

"A mayor abundamiento, los imputados no lograron contrarrestar razonadamente la concordancia de la prueba surgida de indagatorias, acuerdos de colaboración, informes periciales tecnológicos sobre el celular de Walter Bardinella y SIM CARD de Diego Aliaga, fotografías, grabaciones y declaraciones testimoniales de personas heterogéneas ocurridas en tiempos diferentes y cuyo resultado se vio efectivamente plasmado en actuaciones judiciales de diverso índole obteniendo el resultado perseguido por la Organización. Todo ello me permite sostener, como lógica consecuencia y derivación razonada del análisis efectuado a lo largo de la resolución -con la fuerza requerida para esta etapa procesal-, la existencia de las conductas delictivas atribuidas a cada uno de los imputados".

Puigdéngolas lo explica de la siguiente manera: ninguno desconoce la existencia del pago de coimas. Sólo tratan zafar y de no quedar malpegados en la trama. Se acusan entre ellos y siempre encuentran un denominador común: Diego Aliaga.

Tiene cierta lógica esa estrategia. El ex despachante de aduana es el único que no puede confirmar ni desmentir las acusaciones y las versiones sobre su participación criminal. Su secuestro y posterior asesinato, en julio del año pasado, no sólo agregó color a las crónicas de la actual causa, sino que aportó piezas que estaban sueltas y que faltaban en los datos obtenidos del celular de Walter Bardinella, el narco que fue detenido a principios del 2020 y que guardaba información sensible en su telefóno. Allí comenzó esta historia.

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