Con algunos halagos hacia la Subsecretaría de Trabajo, acompañados de algunas críticas y con una férrea defensa del trabajo que realiza su empresa, Pablo Giménez Riili salió a dar su postura sobre las dos inspecciones que se realizaron sobre el emprendimiento Private Vineyard Estates, en donde se encontró una numerosa cantidad de obreros en negro y algunos de ellos viviendo en carpas y sin baños ni comedor en condiciones higiénicas mínimas, según explica un informe de la delegación de Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo.
CONVENCIDOS. En el organismo de control están convencidos de que realizaron un buen trabajo. Es que no sólo fueron ellos el 5 y el 8 de octubre a inspeccionar un emprendimiento valuado en casi 20 millones de dólares –Private Vineyard Estates– y cuyos socios son Pablo Giménez Riili y el norteamericano, Michael Evans, sino que, junto a los inspectores, también hubo personal del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Soeva). Allí, los inspectores encontraron dos carpas con ocho personas viviendo en condiciones inhumanas, carentesde condiciones higiénicas, y a trabajadores que no contaban con protección a la hora de manipular agroquímicos. Esto, además, se vio agravado por el hecho de que en la primera inspección se encontró a 32 obreros en negro y en la segunda se hallaron 62 personas más trabajando en las mismas condiciones. Ambas situaciones le pueden valer multas. Por la primera es casi seguro, debido a que los trabajadores estaban en riesgo. Sobre la segunda podría decidirse mañana, cuando la empresa debe presentar los papeles de los trabajadores en la sede de la Subsecretaría de Trabajo en Tunuyán.
EN BLANCO Y SIN CARPAS. Ante esta situación, Giménez Riili expuso su defensa, y si bien repartió halagos para la Subsecretaría de Trabajo, también criticó las inspecciones realizadas en el emprendimiento. Según el empresario, es mentira que haya 94 obreros en negro. En ese sentido, explicó que Private Vineyard Estate, que tiene como razón social a Vino Tourism Argentina SRL, tiene 50 empleados fijos que están en blanco, mientras que el resto se contrata en temporadas fuertes por intermedio de empresas consultoras de trabajo o por cuadrilleros. Precisamente contra estos últimos cargó Giménez Riili, y aseguró que se les pide exhaustivamente que coloquen a sus empleados en blanco, insistencia que se repitió luego de las inspecciones y que, según el empresario, fueron escuchadas, por lo que antes de que venza el plazo estipulado se presentarán los papeles en la Subsecretaría de Trabajo, aseguró el empresario, quien adujo que sus obreros tienen una paga por encima de la media.
INHUMANAS. A Giménez Riili también le molestó el hecho de que se dijera que las condiciones en las que vivían algunos trabajadores eran inhumanas por el sólo hecho de que estaban en carpas, usaban como baño una letrina casera y tenían un comedor al aire libre, que se trataba de una madera puesta sobre unos tachos. El empresario fue más lejos y aseguró que si bien no eran perfectas las condiciones, eran mucho mejores que en otros lugares. Al mismo tiempo, aseguró que las personas que residían en las carpas eran entre cuatro y seis y que todas ellas fueron desalojadas luego de las inspecciones, “para evitar problemas estéticos”, explicó. De hecho, Giménez Riili afirmó que los inspectores no tuvieron en cuenta que hay baños y comedores construidos y que sólo se hizo hincapié en una anomalía. “Que no es querida por nosotros, sino elegida por ellos a muerte”, explicó, haciendo referencia a las personas que habitaban en las carpas y que, según la Subsecretaría de Trabajo, provendrían de La Rioja.
MALA PUBLICIDAD. Los socios del emprendimiento saben que los informes de la Subsecretaría de Trabajo no han sido buenos y que no les conviene, menos aún cuando se trata de un proyecto que se dedica a vender parcelas de tres acres (un acre corresponde aproximadamente a 0,405 hectárea) por 180 mil dólares a personas adineradas, capaces de poner ese monto de una sola vez. Incluso, el emprendimiento es tan importante que, en caso de venderse todas las parcelas, se lograría una ganancia superior a los 70 millones de dólares. Debido a eso, Giménez Riili explicó: “Nuestro proyecto está lejos de maximizar la ganancia bajando un peso en el costo de la mano de obra”, intentando una defensa en contra de lo que ya está plasmado en los papeles en la Subsecretaría de Trabajo.