El próximo 14 de julio a las 10, se realizará la audiencia pública por videollamada para evaluar la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) del área Puesto Pozo Cercado Occidental, en Tupungato.

El área exploratoria de petróleo convencional está en manos de YPF desde fines de 2018. Pero en el medio, han surgido los cuestionamientos de ambientalistas por “desidia y negligencia” en los informes presentados por la empresa, mientras que desde el Gobierno aseguran que el estudio cumple con todos los requisitos legales.

Cuestionamientos

El consultor ambiental y exfuncionario de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, planteó sus dudas respecto de la presentación que realizó la compañía petrolera y cuestionó algunos puntos.

“En este caso YPF presentó el proyecto sin decir la ubicación del pozo, no dice qué sustancia inyectará al suelo en la perforación. Hay incertidumbre científica, ha pasado por todos los organismos públicos y nadie dice nada”, expresó Sosa.

Según precisó el consultor, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) había solicitado más detalles en el informe que no fueron contestados. Sobre eso, Sosa explicó que la casa de estudios reconoce que la empresa no estableció la localización del pozo y entienden que el estudio de impacto ambiental es solo de “carácter preliminar”.

“Los evaluadores solo pueden analizar consideraciones generales porque no saben dónde está ubicado el pozo”, añadió Sosa.

Para los ambientalistas, debería suspenderse el procedimiento hasta que la empresa subsane los vicios remarcados por los técnicos y respondan a los requerimientos de la UNCuyo.

“Mi preocupación principal es que la Dirección de Protección Ambiental está trabajando para las empresas y no para defender el ambiente”, añadió el exfuncionario.

Además, entre las objeciones que plantea, señala que el dictamen sectorial del Departamento General de Irrigación (DGI) hace referencia a la jefatura de los ríos Malargüe, Barranca, Grande y Colorado, cuando en realidad le corresponde a la jefatura del río Tunuyán.

La respuesta oficial

Contra las interrogantes que plantea Sosa, la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, afirmó que el estudio tiene las evaluaciones positivas de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación y de los organismos sectoriales.

“La información que presentó la empresa cumple con los requisitos de un estudio de impacto ambiental”, manifestó la funcionaria que acusó a los ambientalistas de “distorsionar” la realidad.

En cuanto a la ubicación del pozo, la funcionaria de Ambiente sostuvo que se conoce en función de los datos que arrojan las tareas de exploración, por lo que en primer lugar deben realizarse los estudios de sísmica y geológicos. 

“El desconocer y decir que se puede -premeditadamente- poner la localización de un pozo, es no saber nada de cómo se hace la actividad petrolera. Si no sabes previamente dónde tenés factibilidad de encontrar una formación productiva, no podes determinar dónde haces el pozo”, insistió Skalany.

En cuanto al dictamen de Irrigación, reconoció que hay un “error de tipeo” en el informe donde hace referencia a la jefatura de los ríos.