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1 de octubre de 2009
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EN EL CENTRO

Marcha de campesinos

Exigieron no ser discriminados en el acceso al agua, que se respete la Ley de Arraigo y cambien las políticas oficiales hacia el sector rural.

Desde Barcala y Mitre marcharon por el centro de la Ciudad cientos de campesinos reclamando poner fin a los desalojos y a los cortes de agua en sus tierras. “¡Alerta, alerta, alerta, que camina la lucha campesina de América latina!”, resonó con fuerza en las calles, ya que la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena realizaron una manifestación ayer por la tarde. “Somos 500 familias, de varios departamentos, que venimos reclamando para que se respete el derecho de arraigo y que no se le discrimine el agua a los campesinos”, manifestó el vocero Diego Montón. Ambas asociaciones respaldan a cientos de trabajadores campesinos e indígenas de toda la provincia, que continuamente sufren el desalojo y la discriminación.

DISCRIMINACIÓN EN IRRIGACIÓN. El mayor problema se relacionan con la concentración del agua y de la tierra, que viene aumentando. Según afirma Montón, 95% del sector rural no tiene acceso al riego. “Irrigación beneficia sólo a las empresas. Tenemos casos de familias que pagan el derecho al riego y no tienen agua, mientras que existen empresas que no lo pagan y, sin embargo, tienen. Hemos levantado varios expedientes contra Irrigación pero no hay respuestas”, expresó Montón, quien agregó que no cesarán las protestas “hasta que no se termine con la discriminación del agua”.

FAMILIAS SIN HOGAR. El desalojo de familias de puesteros, a los que no se les reconoce la Ley de Arraigo, es otro de los problemas que estos campesinos padecen. Estas familias poseen sus casas en zonas rurales, viven de tierras legadas por ancestros de una generación a otra. Allí cultivan y contienen su ganado.
Pero sufren la amenaza de empresas, que, cuando compran esas tierras, las dejan en la calle. “En el secano (Lavalle), constantemente, la familias están sufriendo desalojo. La Justicia siempre apunta a criminalizar a la familia campesina”, aseguró el delegado.
Por ello, cuando hay un conflicto de tierras, las denuncias de los campesinos no sólo no son tenidas en cuenta, sino que, además, se imputa de usurpadoras a familias que tienen más de 50 años allí. “Las empresas ponen alambrados y los campesinos, defendiendo su hogar, los sacan.
Pero se los termina imputando a ellos, se los trata como criminales y los desalojan de sus hogares”, criticó el portavoz de la movilización. “Comunidades de 10 o 15 familias, deben ceder sus tierras a empresas extranjeras. El Gobierno no les da nada, entonces deben venirse a la periferia de la Ciudad, a pasar hambre y a acrecentar las villas”, comentó Sebastián Herrera, de San Martín.
Un ejemplo es el de la Aceitera General Dehesa –vinculada al legislador nacional kirchnerista Roberto Uriquía– que desmontó cerca de 175 hectáreas, para sembrar olivos, según afirma Herrera. En 100 hectáreas trabajan 35 familias, mientras que en la aceitera son una persona cada 300 hectáreas, porque tienen maquinaria específica”, explicó. “Nos alambraron y nos quitaron todo. Por suerte, llegó esta gente (por la asociación) para ayudarnos y defendernos”, expresó Fidel Villega (69), proveniente de El Nihuil. María González (63), del mismo pueblo, contó que su marido y su hijo están imputados por querer defender sus tierras, en las que se criaron todos sus ancestros. “Yo, mis hijas y nietos no quisimos dejar pasar la maquinaria, mi marido defendió nuestros campos y ahora está imputado. Fueron con una orden del juez a sacarnos nuestros animales, de los que vivimos”, contó González, quien, además, afirmó que no tienen agua, por lo que deben ir a buscarla a otros puestos.
También se planteó lo que ellos mismos llaman soberanía alimentaria. Tiene que ver con el derecho de los pueblos de producir y consumir alimentos adecuados a su cultura. “La política oficial fortalece y apoya el agronegocio, atentando contra la soberanía alimentaria, porque, por un lado, toda su producción está pensada para los comercios de exportación, y por otro, su esquema productivo contamina el agua y las tierras, generando poco empleo y todo en negro”, detalló Montón.

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