Como si el accionar de los jueces no estuviese cuestionado, la Suprema Corte, en una resolución de la Sala Administrativa, deja en claro que, en la medida que no trascienda, los problemas de los magistrados o entre magistrados deben arreglarse puertas hacia dentro. Es una muestra más de la situación de privilegio a la que se ha acostumbrando el Poder Judicial. Lejos de aspirar a la transparencia, este concepto busca el oscurantismo y el secretismo: dos figuras intolerables en instituciones democráticas y con funcionarios públicos que deben rendir cuentas a la sociedad. A eso se acostumbraron los jueces en Mendoza y en Argentina en general: a que nadie los controle ni los cuestione, en muchos casos, a pesar de graves errores y delitos flagrantes. La realidad hace que el artículo 16 de la Constitución nacional (La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…) sea un mero decorado.