Quienes hayan ocupado cargos en cualquiera de los tres poderes del Estado durante los últimos cinco años deberán presentar sus declaraciones juradas. Si no cumplen con esta disposición, se considerará que han cometido una falta grave, por lo que se les aplicarán sanciones disciplinarias y no podrán volver a ocupar de por vida un lugar dentro de la administración pública. Este es uno de los puntos del proyecto del Gobierno con el que busca dar un gesto de transparencia hacia la sociedad.

    Si bien el gobernador Julio Cobos anunció hace dos semanas esta medida, recién ayer llegó el proyecto a la Legislatura para que sea analizado y votado. La discusión en la Casa de las Leyes comenzará la próxima semana, cuando los diputados dispongan el circuito que debe recorrer la iniciativa por las distintas comisiones. Es que toca algunos aspectos que, posiblemente, impliquen un fuerte debate, como que se incorporen en esta disposición a los ex funcionarios, ya que, según dicen algunos legisladores, las leyes no pueden tener carácter retroactivo.

CAMBIO DE CONCEPTO. “Estas declaraciones juradas revisten hoy el carácter de confidencial. Con el objetivo de transparentar la gestión y de informar al ciudadano, se considera conveniente cambiar la confidencialidad por el criterio de publicidad y permitir el libre acceso a esta información”, sostiene Cobos en los fundamentos del proyecto. Y plantea que no sólo quien comande la provincia tendrá que presentar su declaración jurada, sino también los funcionarios –desde ministros a directores– del Ejecutivo, miembros de entes descentralizados del Estado, magistrados, legisladores, intendentes y hasta concejales.Además, el personal de la Legislatura que tenga categoría no menor a la de director, los que se desempeñen en las municipalidades bajo este mismo cargo y los jefes y subjefes policiales también deberán presentar su rendición (ver aparte).

QUÉ SE PUBLICARÁ. La idea oficial es que esa información sea presentada al poco tiempo que se apruebe la ley y se publique vía internet en las páginas web de las distintas instituciones. Allí deberá aparecer un listado detallado de todo lo que posee quien declara, el cónyuge y los hijos. Bienes inmuebles y muebles, capital invertido en negocios personales o sociedades, depósitos bancarios, créditos y deudas hipotecarias e ingresos y egresos anuales serán algunos de los datos que tendrá que presentar el funcionario.

SEGURIDAD. En el proyecto se contempla, por una cuestión de seguridad de las personas, que la información financiera sea entregada en un sobre cerrado y lacrado. Se deberá indicar el nombre del banco donde tenga los depósitos, los números de cuentas o cajas de ahorro y las tarjetas de crédito con las extensiones que posea. “Dicho sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad judicial o de la Fiscalía de Estado”, sostiene el gobernador en la iniciativa. Estas declaraciones juradas quedarán guardadas en los organismos donde se remitan y se tendrá que enviar una copia autenticada a la Escribanía General de Gobierno.

     Si bien este proyecto ha ingresado hace pocas horas a la Legislatura, los intentos por poner en marcha ideas como esta han sido muchos a lo largo de las últimas gestiones. Durante el gobierno de Arturo Lafalla se instrumentó un sistema similar, enmarcado en un conjunto de medidas que encaró el ex mandatario para tratar de borrar la imagen que se tenía de la clase política. Los créditos otorgados sin garantías concretas a través de los bancos estatales, sobre todo en la gestión de Rodolfo Gabrielli, fueron uno de los temas que llevó a Lafalla a intentar diferenciarse de sus antecesores. “Con (Roberto) Iglesias eso se dejó de lado y todo quedó en la nada”, recordó un justicialista en la Legislatura y dejó entrever que tal vez Cobos esté proponiendo este tema para marcar una diferencia con su enemigo interno.