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1 de octubre de 2009
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RECLAMOS SOCIALES Y DE REPRESENTATIVIDAD

Los conflictos indígenas se profundizan en la región

Las protestas, más allá de su cara inmediata, tienen su origen en las condiciones en que viven 30 millones de descendientes originarios.

SANTIAGO DE CHILE. Las protestas y los alzamientos indígenas cobraron fuerza en las últimas semanas en América latina, dejando un saldo de muertos, impasses diplomáticos, denuncias de violación a los derechos humanos formuladas por la ONU y acusaciones de intervención de grupos paramilitares, como las FARC y ETA.
Las movilizaciones en Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Nicaragua y Perú abogaron por demandas territoriales, económicas, sociales y ecológicas, pero también tuvieron como telón de fondo la demanda de algunas de estas comunidades por un mayor protagonismo político.
En Chile, por ejemplo, algunos grupos indígenas insistieron con exigir el reconocimiento de una nación mapuche al sur del país. En Ecuador, una mayor voz en la construcción de leyes de agua y minería. Los gobiernos hasta ahora optaron por no prometer soluciones inmediatas. “Esto no se resolverá pronto”, dijo el Gobierno chileno, mientras que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, optó por desligitimar el movimiento. “Se trata de ciertos dirigentes indígenas contra el pueblo”, dijo.
A la situación se sumaron las denuncias de asesinatos de miembros de la etnia awa en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, a manos tanto de desconocidos como de las FARC, hecho que motivó críticas de las Naciones Unidas al gobierno de Álvaro Uribe. “Espero que las autoridades colombianas investiguen los hechos, sancionen a los responsables y compensen el daño causado por estos actos de barbarie”, dijo el INTERNACIONALES relator de las Naciones Unidas, James Anaya, sobre el tema.
Las crisis generaron también críticas de órganos internacionales a los gobiernos por el uso de fuerza excesiva para reprimir las protestas, como sucedió en Perú y Chile, donde las movilizaciones dejaron muertos y heridos. Pero los alzamientos y protestas también produjeron lesiones diplomáticas, como ocurrió luego de que el Perú acusara a Bolivia de instigar las protestas en su territorio, en medio de un fuerte distanciamiento entre los presidentes Alán García y Evo Morales. Chile y Colombia, además, discreparon sobre la
 presencia de las FARC en Chile y su eventual apoyo a grupos mapuches radicales, que también recibirían respaldo de ETA. La denuncia colombiana fue rechazada por el gobierno de Michelle Bachelet, pero recogida por la derecha opositora, cercana al presidente Álvaro Uribe, en medio de la campaña presidencial chilena.
Los conflictos, más allá de su cara inmediata, tienen su origen en las condiciones de vida de los 30 millones de indígenas que viven en la región. La situación probablemente recrudecerá los próximos años, debido, entre otros factores, a que la población indígena elevará su importancia relativa en la población total de América latina, según proyecciones del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade).
Esta situación obligará a los gobiernos de la región a adoptar políticas interculturales, como el programa de educación bilingüe boliviano, y crear instituciones que permitan encarar el tema. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet anunció el lunes que creará un Ministerio de Asuntos Indígenas para frenar las protestas surgidas tras la muerte de un joven mapuche durante la ocupación de un predio, en agosto.
Estos cambios deberían ser más profundos en países con mayor población indígena, como Bolivia y Guatemala, donde 66 y 39 por ciento de los habitantes pertenecen a etnias nativas, respectivamente. Hoy por hoy, salvo algunas excepciones en Chile y Paraguay, estos pueblos originarios tienen niveles menores de bienestar que el promedio de la población no indígena. Por ejemplo, en México, Ecuador, Panamá y Paraguay, la mortalidad infantil duplica y triplica el promedio nacional, según cifras oficiales de los gobiernos.
En Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y Paraguay, los jóvenes indígenas que completan la educación primaria son desde 15 hasta 60 por ciento menos que sus pares no originarios. Además, salvo el caso de Bolivia, no tienen una representación política significativa en sus países, tema que en el futuro estará al centro de un conflicto, que hoy sólo parece vincularse a demandas territoriales y sociales.

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