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5 de octubre de 2006
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Los abusos sexuales aumentaron 114%

En el primer semestre del 2005 se denunciaron 134 casos, mientras que en el mismo período del 2006, la cifra llegó a 287. Cobos no firma el decreto que crea el registro de violadores. Falta el laboratorio de ADN.

    Los delitos por abuso sexual no cesan. Siguen apareciendo en cada rincón desprotegido, calles oscuras y zonas rurales desoladas. También se siguen cometiendo en el ámbito familiar contra menores, principalmente de padre a hijos.

    Así es como las denuncias presentadas en las distintas Fiscalías del Gran Mendoza por abuso sexual han crecido 114 por ciento en un año, si comparamos el primer semestre del 2005 con el mismo período de este año. Este alarmante panorama surge de las estadísticas aportadas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a El Sol.

    EL AUMENTO. El crecimiento de las violaciones se explica teniendo en cuenta que, en los 6 primeros meses del año pasado, los Juzgados de Garantías y Fiscalías de Instrucción de las áreas metropolitanas de la provincia recibieron y pasaron a investigar –algunas de estas causas llegaron a juicio– 134 denuncias por abusos sexuales.

    Este total incluye todas las tipificaciones del artículo 119 del Código Penal, es decir, desde las que contemplan penas menores, como el abuso sexual simple, hasta las más severas, como el agravado, con acceso carnal, gravemente ultrajante, y seguido de muerte. En el mismo lapso del 2006, las Fiscalías de Instrucción de Capital, Godoy Cruz, Lavalle, Las Heras, Luján y Maipú –con la implementación del nuevo Código Procesal, sin juzgados de Instrucción o Garantías-, recibieron 287 denuncias por abusos sexuales.

    Fuentes tribunalicias explicaron que las fiscalías están atestadas de este tipo de causas. La pregunta que se hacen los que investigan estos hechos está orientada a cómo poder frenar esta realidad. A pesar de no tener respuestas concretas, sí se puede advertir cierta negligencia por parte de las autoridades provinciales.

    LENTOS CON EL REGISTRO DE VIOLADORES.
Recordemos que el Ejecutivo tiene demorada una ley para ayudar a contrarrestar esta situación, la que todavía no ha sido reglamentada. Se trata de la norma 7.222, que ordena la creación de un registro de violadores para individualizar rápidamente a las personas que cometen estos delitos, debido a que en ese registro debería encontrarse el ADN del violador.

    A pesar de que la Legislatura aprobó esa medida hace más de dos años, concretamente el 9 de junio del 2004, sigue sin poder ser aplicada por la demora de los funcionarios.

    CAUSAS DEL RETRASO. Ante la falta de decisiones concretas, a principios de julio de este año, El Sol publicó el retraso de las autoridades en la instrumentación del registro de violadores. Una vez sancionada la ley, el Ejecutivo, con el apoyo de la Suprema Corte, tenía 30 días para reglamentarla, pero nada de eso sucedió. Expiró el tiempo establecido y la falta de coordinación entre los dos Poderes frenó la iniciativa de la Legislatura. Esta situación sigue así hasta hoy.

    CLETO NO FIRMA. El responsable por parte del Poder Ejecutivo de poner en práctica la ley es el subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios. En julio, cuando se le preguntó al funcionario sobre el tema, sostuvo que no estaba interiorizado sobre ese registro especial, aunque aseguró que se iba a poner a trabajar en el tema.

    Ayer, Castiñeira de Dios, al ser consultado por El Sol sobre el trabajo que se comprometió a realizar, sostuvo que por este tema ha tenido varios encuentros con el administrado de la Corte, Alfredo Segura, y agregó: “La parte que le toca realizar a la subsecretaría ya está hecha”.

    De esta forma, el funcionario responsabilizó al Poder Judicial por la demora en la puesta en marcha del registro. Por su parte, desde la Justicia afirman, con documentación que lo acredita, que tienen todo preparado para ponerlo en funciones, pero el decreto que autoriza su creación todavía no ha sido firmado por el gobernador Julio Cobos.

    SIN LABORATORIO DE ADN. La creación del registro buscaba incluir, una vez que un violador hubiera sido sentenciado por la Justicia, el historial del delincuente, sus fotos y su ADN. Todo esto estaría en una red informática a la que sólo tendrían acceso las dependencias policiales y judiciales.

    Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin adquirir el famoso laboratorio de ADN que tanto ha prometido en los últimos meses. El motivo que tenía el autor del proyecto de creación del registro de violadores, Enrique Ahumada, estuvo fundamentado por un estudio del 2004, el que indicaba que 80 por ciento de los violadores es reincidente.

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