El Gobierno y el sector vitivinícola logró consenso para acompañar el proyecto legislativo que propone un desembolso tripartito para combatir la polilla de la vid, a partir de septiembre, cuando deben empezar a colgarse las feromonas que se utilizan en la técnica de confusión sexual. El proyecto se trata este miércoles en Diputados y generó tensión entre el Ejecutivo y los productores por la cantidad de hectáreas que cubrira el programa. 

El acuerdo se dio luego de una reunión entre las entidades y el ministro de Economía, Martín Kerchner. Si bien desde las entidades mostraron resistencia por los $1500 por hectárea, en cuatro cuotas, que tienen que invertir para hacer frente a la campaña, hubo coincidiencia en la necesidad de llevar adelante la lucha contra la polilla.

“Hemos encontrado un punto de acuerdo que hay que hacer el ataque contra la Lobesia, pero si no está esa ley no se puede hacer”, indicó Kerchner y detalló que en la reunión las cámaras “han pedido que llevemos de cinco a más hectáreas la cobertura. Ya hemos acordado que puede estar el orden de las 10 ha, aunque algunos piden 25 pero vamos a ver cuál es la mejor metodología para que podamos exceptuar”.

Si se fija el mínimo no imponible de 10 hectáreas, más del 70% de los productores de la provincia quedarían exceptuados, es decir 7500 productores no pagarían y los que sí tengan que hacer el aporte lo podrán financiar hasta mayo de 2019.

Otro de los pedidos de las entidades a las que accedió el Gobierno provincial, es achicar la vigencia de la norma para que no sea mayor a dos años y que, luego, sea revisada por un comité científico técnico donde participen los sectores privados.

También el Ejecutivo aceptó que aquellos que estén declarados en emergencia, porque han perdido su cosecha, no paguen

“No hay más tiempo si mañana no se aprueba la Ley, no se puede hacer la licitación y comprar los insumos, es decir no tenemos lucha contra la lobesia porque si no se hace en forma integral en toda la provincia es tirar el dinero”, cerró Kerchner.

“Hemos llegado a un consenso, creo que ha sido una reunión altamente positiva, apuntamos a la técnica de confusión sexual que no permita el agregado de químicos en la producción para que no haya otras dificultades”, agregó José Zuccardi, directivo de la Unión Vitivinícola Argentina.

Cabe recordar que el Gobierno provincial y Nación comprometieron $150 millones que se suman a los $400 millones de la campaña anterior mientras que en 2016 fue un monto similar al actual.

Por su parte, Rubén Piatrellini, presidente de la Cámara de Comercio San Rafael, sostuvo que “el principal desafío es que se haga la cura de la misma forma que el año pasado que se hizo de forma exitosa. Nos pusimos de acuerdo a pesar de que se le pide un esfuerzo más al sector privado, que va a acompañar”.

En el mismo sentido se sumó Eduardo Córdova de la Asociación Viñateros de Mendoza. “Hemos demostrado que el sector vitivinícola organizado tiene la madurez para resolver temas. Vemos con beneplácito que el Gobierno aceptó nuestra propuesta de ampliar la brecha de productores exceptuados del pago y mañana vamos a asistir a la Legislatura para que la ley salga mañana como se ha consensuado en esta reunión, porque son tiempos muy cortos para licitar y poner en marcha el sistema”, opinó.

En tanto, Walter Brescia, de Bodegas de Argentina, adelantó que “mañana defenderemos la posición en la Legislatura, que se ha tomado hoy porque nadie discute la necesidad y la urgencia de llevar adelante la campaña. Hoy hemos buscado minimizar el impacto sobre el productor”.

Por último, Eduardo Sancho de FECOVITA coincidió en que “la producción primaria está pasando una situación difícil pero hemos priorizado hacer la campaña porque sino el efecto sobre el pequeño productor es desastroso. El Gobierno se comprometió a seguir buscando fondos y vamos a acompañar, lo que se consiga va a ir al sector privado y así disminuir el aporte de estos. También surgió el compromiso de comenzar a trabajar desde ya con los legisladores nacionales para que en el próximo presupuesto estén los fondos que tiene que poner la Nación”.

Del encuentro, llevado a cabo en Casa de Gobierno, participaron Acovi, las Cámaras de Comercio de Tunuyán, Tupungato, San Rafael y General Alvear, la Asociación de Productores en Acción, Aproem, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Argentina, Coviar, Fondo Vitivinícola, Sociedad Rural del Valle de Uco, Asociación de Viñateros de Mendoza, Fecovita, Federación de Inspectores de Cauce y Unión Vitivinícola Argentina.