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21 de junio de 2007
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Lo que faltaba: jueces truchos

El artículo 150 de la Constitución de Mendoza está redactado ?cosa rara en un documento escrito por legisladores, asesores y políticos en general? en castellano (¿o argentino?) básico. El texto no alberga dudas ni abre puertas para que se cuele la execrable teoría de ?las dos bibliotecas?, hija putativa de la pobreza gramatical y sintáctica generalizada entre quienes hacen las leyes

           En la sección correspondiente a lo que aquí se comenta, el 150 impone: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su procurador general serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Los jueces de los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por este con acuerdo del Honorable Senado”.


         Más adelante, el mismo artículo otorga al Consejo de la Magistratura, entre sus atribuciones, la de “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a los cargos referidos en el apartado anterior”. Con buena voluntad,mejor intención y hasta una pizca de esperanza, el ciudadano común supone que una norma de tal claridad habrá calado hondo en las mentes y conciencias de doctos y doctores que pueblan el Poder Judicial y, con un poco de suerte, también en el caletre de algunos de los tantos sabihondos que pululan por la administración pública, con marcada preferencia por la Legislatura, ostentando sus investiduras y dejando entrever su modesta intelectualidad.


              Para los que no somos doctos ni doctores y nos negamos a exhibir aires de sabihondos, quizás sea prudente incluir aquí una simplificación de la letra constitucional: de lo que se trata es que, para ser juez o fiscal, es imprescindible pasar airosamente por la evaluación del Consejo de la Magistratura, ser propuesto por el Poder Ejecutivo y obtener el acuerdo del Senado. Cualquier ley que pretenda crear atajos o vericuetos para esquivar el mandato de la Constitución –a la que no en vano llamamos Carta Magna– es nula por inconstitucional y quienes la aprueben o ejecuten están cometiendo un ilícito.


¿CONSTITUCIÓN O BINGO?


            La ley Nº7.281 (la minúscula no es casual), del 22 de setiembre del 2004 y la ley Nº7.294, del 19 de noviembre del mismo año, “disponen” –o mejor dicho, “dispondrían” si pudieran tener algún asomo de validez– que la Suprema Corte de Justicia nombre, por su cuenta y sin participación del Ejecutivo ni del Senado, fiscales y jueces “sustitutos” para que subroguen aquellas fiscalías, juzgados unipersonales o colegiados que por algún motivo estuvieran vacantes en todo o en parte por más de treinta días corridos.


           Previsores, quienes hacen las leyes agregaron a la ley Nº7.294:“Créase el Cuerpo de Magistrados subrogantes, el que se regulará por las disposiciones de la presente ley”. Las “disposiciones de la presente ley”incluyen instrucciones sobre la constitución del engendro: podrán integrarlo únicamente “quienes se hayan jubilado como magistrados en los últimos cinco años”. Concurso, evaluación por el Consejo de la Magistratura, propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado. ¡Todo a la basura! Total, no es más que la Constitución.


            Operativamente, la propuesta de esta ley-disparate es –hay que reconocerlo– mucho más rápida que el procedimiento que expresamente manda la Constitución. Cuando haga falta poner en funciones a un juez sustituto para su elección no habrá evaluaciones, opiniones, propuestas, bolillas blancas y negras que demoren las cosas y el papeleo será mínimo: el asunto se resolverá ¡por sorteo! Un resonante triunfo de la velocidad sobre la calidad, el procedimiento constitucional es muy lento.Mejor, un bingo.


LA BIBLIA Y EL CALEFÓN.


        El artículo uno de la ley Nº7.294 reconoce cierta influencia de Discépolo cuando mezcla “igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches” a los novedosos “magistrados subrogantes” con los conjueces. La misma ley se refiere a estos magistrados “ad hoc” (los conjueces) en su capítulo III, artículos 8, 9 y 10. En el último citado aparece clara y plenamente la figura del conjuez, cuya misión no es subrogar un juzgado, sino una causa. Aún más: el conjuez ni siquiera trabaja en el tribunal originario de los autos que debe resolver y así surge de la letra de la ley (artículo 10): “Debiendo el conjuez retirar los autos y la documentación bajo constancia de mesa de entradas”.


             Pero parece haber metido mano el espíritu de Discépolo para redactar el artículo 9: “Los conjueces intervendrán en los casos del artículo 6, inciso C”, y la última parte del inciso citado arriba: “En caso de no quedar magistrados subrogantes disponibles, se integrará el tribunal de acuerdo con lo establecido en el capítulo III”. En síntesis: los conjueces, además de sus funciones específicas, resultarían suplentes de los suplentes. Bueno, por algo se empieza, ¿no?


 LA GENTE ES MALA Y COMENTA.


          Muchos mendocinos, quienes por experiencia aprendimos a desconfiar de las legislaciones tortuosas, nos hemos preguntado para qué todo este despelote. ¿Por qué no buscar formas administrativas que le den más agilidad al procedimiento para nombrar magistrados pero sin llevarse por delante la Constitución? Y algunos, los más desconfiados, llegaron a preguntarse qué habría detrás del embrollo y hasta sugirieron –en charlas informales, claro– que este desatino era nada más que una maniobra para meter jueces y fiscales “por la ventana”. Los rumores –subrogantes naturales de la información– calentaron el ambiente.


            Luego vino la confirmación de que Abelardo Nanclares, hijo del presidente de la Suprema Corte, abogado al que algunas publicaciones adjudican apenas dos años de ejercicio de la profesión, estaba a punto de ser designado (bingo mediante) como juez subrogante del Octavo Juzgado de Paz, posibilidad a la que renunció, según el título en Los Andes del 16 de junio, “para evitar una crisis en la Corte”.


           Hay que decirlo: nadie tiene derecho para suponer malicia por parte del presidente de la Corte, quizás fue sólo desprolijidad, pero un funcionario de su jerarquía no tiene demasiados espacios para ser desprolijo. Mientras, los más desconfiados siguen convencidos de que tenían razón. Y la desconfianza duele ser contagiosa, sobre todo cuando se parece tanto a la realidad.

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