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11 de agosto de 2006
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CONTRACEPCIÓN QUIRÚRGICA

Ligadura: aprueban la ley nacional y Mendoza espera

El ministro de Salud, Armando Calletti, dijo que esperarán a que se reglamente la ley para analizar si la provincia se adhiere.

    El Congreso de la Nación convirtió en ley, el miércoles, un proyecto que permitirá a todas las personas mayores acceder gratuitamente a la ligadura de trompas o a la vasectomía. El Ejecutivo provincial esperará la reglamentación de la norma antes de decidir si adhiere a la misma o si envía a la Legislatura la modificación a la iniciativa que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno considera inviable porque exige la “irreversibilidad” del método quirúrgico cuando el paciente así lo decida.

    El proyecto que aprobó el Congreso nacional estipula que el único requisito para que una persona solicite la operación gratuita es su consentimiento expreso. Para someterse a cualquiera de los dos métodos quirúrgicos, los mayores de edad no necesitan de prescripción médica, consentimiento del cónyuge o autorización judicial. En los únicos casos en que se deberá pasar por un tribunal es cuando se trate de menores o de personas con alguna discapacidad. La norma nacional establece que las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de cubrir esta práctica médica.

    La ley prevé que los médicos pueden negarse a realizar las operaciones aduciendo libertad de conciencia. Pero, en ese caso, el hospital o centro de salud debe garantizar que algún profesional realice la práctica. Un grupo de legisladores nacionales pidió que, cuando se reglamente la norma, se incluya un registro de “objetores”. Esto busca impedir que los profesionales se nieguen a realizar las prácticas en hospitales públicos y sí las realicen en los centros privados.

REALIDAD PROVINCIAL. Después de cinco años de deambular por distintas comisiones, en noviembre del 2005, la Legislatura Provincial aprobó la Ley de Contracepción Quirúrgica. Pero cuando la norma se trató en el Senado, se le introdujo un cambio sustancial: la reversibilidad del método quirúrgico en todos los casos que los pacientes así lo requieran. Por eso, una vez aprobada la ley, el Ejecutivo anunció que no la reglamentaría y, en cambio, hizo un proyecto de modificación.

    Esa propuesta contempla dos cambios fundamentales: la imposibilidad de garantizar la reversibilidad de los métodos quirúrgicos y descarta la necesidad de contar con el consentimientos de ambos cónyuges cuando uno de ellos quiere operarse. La modificación al proyecto está, hace más de un mes, en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación, que es el último paso antes de que la firme el gobernador Cobos. Pero ahora, con la aprobación de la ley nacional, no hay seguridad de que el Gobierno envíe la modificación a la Legislatura.

    El ministro de Salud,Armando Calletti, dijo que, por “prudencia”, esperarán a que salga la reglamentación de la norma. Dijo que una vez que ese paso esté listo, decidirá si adhieren a la ley nacional o envían el proyecto con las modificaciones. Calletti, quien ayer viajó a Tucumán, explicó que aún no analiza el texto de la ley nacional, por lo que espera estudiarlo a fondo en los próximos días, para decidir los pasos a seguir en la provincia. Para la subsecretaria de Planificación y Promoción y de la Salud, Claudia García, la aprobación de la norma es un avance importante. Y agregó que es necesario que estos temas se circunscriban a un debate de salud pública y no a uno de moral.

UN DERECHO. La ex diputada nacional y actual presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, le dijo a El Sol que esta es una ley básica para la salud pública, la equidad de género y la justicia social. Para Lubertino, es fundamental que las personas tengan la posibilidad de decidir si quieren tener hijos y, en ese caso, cuántos. “Lo que no puede ocurrir es que las políticas estatales le impongan a los ciudadanos lo que tienen que hacer”, explicó.

    La ex diputada, que ayer disertó en Mendoza en el foro de Participación popular y nuevo Estado, dijo que la ley soluciona un tema de desigualdad. Por un lado, les permite a todas las mujeres y varones de cualquier condición social acceder a la operación y unificar un mismo criterio para todo el país. Lubertino, que es abogada, explicó que, aunque la provincia no adhiera a la ley nacional, cualquier mujer o varón podría presentar un amparo para que efectivamente lo operen.

    Una de las integrantes de la Red de Mujeres Solidarias, Karina Ferraris, dijo que la aprobación de la norma nacional es un paso importante que contempla todos los requerimientos que la organización defiende desde hace años: gratuidad de la operación y que no sea necesario el consentimiento del cónyuge.

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