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15 de noviembre de 2009
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Ley Penal Tributaria: una norma que requiere una modificación urgente

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El régimen prevé penas de hasta 9 años de prisión. De allí, la importancia de su análisis.

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A nadie escapa que la libertad individual es uno de los valores más preciados por todas las personas. Este es un Derecho receptado no sólo por las organizaciones internacionales de derechos humanos, sino, en nuestro caso, por la propia Constitución nacional.

Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes desconocen la existencia de una normativa penal tributaria dispuesta por la Ley 24.769 (1) –LPT– que reprime los delitos de evasión fiscal y previsional o, en su caso, los alcances precisos de la misma. Incluso, muchos profesionales que pueden quedar directa o indirectamente involucrados en la normativa desconocen en detalle sus implicancias.

En tal sentido, es conveniente precisar que algunos tipos penales de dicha norma prevén penas de prisión con una condena mínima de tres años y seis meses, lo cual conlleva que no sea aplicable para estos casos penas en suspenso, sino una de aplicación efectiva. Asimismo, las penas máximas pueden llegar a una condena de 9 años para la evasión agravada, lo cual nos está dando una idea de la rigurosidad del régimen sancionatorio. Para el caso de la evasión simple, las penas previstas van de 2 a 6 años de prisión.

Ahora bien, resulta necesario precisar que los tipos penales antes comentados, evasión simple y evasión agravada, poseen una condición objetiva de punibilidad, que se traducen en montos de impuesto evadido, que se computan por cada impuesto y por cada período fiscal. Para el primer caso, el monto es de $100.000 (cien mil pesos) y para el segundo es de $1.000.000 (un millón de pesos).

Lo antedicho demuestra que, oportunamente, el legislador tuvo la intención de que los casos de evasión que cayeran bajo la órbita de la sanción penal fueran aquellos representativos de situaciones de evasión elevada en un grado superlativo.

Otros tipos que también están sujetos a condiciones objetivas de punibilidad son los casos de retenciones o percepciones de tributos, efectuadas y no depositadas al Fisco en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo establecido para su ingreso y superen los $10.000 o, en el caso de los aportes al sistema de seguridad social, cuando superen la suma de $5.000 en cada período.

A esta altura podemos apreciar la importancia que los montos de evasión tienen en el esquema de sanciones de la Ley Penal Tributaria (LPT).

Sin embargo, dichos montos fueron establecidos por el legislador hace más de doce años, y se han mantenido inalterables hasta la fecha, sin tener en cuenta, en absoluto, el crecimiento de la economía en ese lapso y, mucho menos, el considerable efecto de la inflación en igual período, fundamentalmente entre fines del 2001 y principios del 2002.

Para tener una idea sobre el tema, baste decir que conforme surgen los datos de la economía Argentina, esta creció entre 1997 y el 2009, en promedio, 16,6 % (2) y la inflación estimada para ese período, (según datos del INDEC) fue de, aproximadamente, cien por ciento (100%), cuando es una verdad de perogrullo que la inflación es mucho mayor que la que muestra el Organismo Oficial.

No obstante, si hacemos un cálculo entre el crecimiento promedio de la economía y la inflación, comprobamos que los topes descriptos han sido superados en más del doble. A ello debemos agregar una tercera variable que resulta fundamental también en este análisis, como es el valor del dólar (herramienta indispensable en las transacciones de comercio exterior), que hoy vale un doscientos ochenta por ciento más que en 1997. Por todo lo expuesto, podríamos establecer que los parámetros contenidos en la LPT representan, aproximadamente, sólo un tercio de los fijados oportunamente por el legislador.

El cuadro comparativo muestra las diferencias entre los valores originales (actualmente vigentes en la LPT) y los que corresponderían si se tuvieran en cuenta las distorsiones operadas en la economía argentina desde 1997 a la fecha. Lo expuesto en el cuadro muestra en forma clara la magnitud del desfase existente entre la situación original que estableció la norma y la que muestra la realidad económica de hoy en día.

Cuadro comparativo de valores
Frente a lasituación planteada, no caben dudas de que quienes tienen la responsabilidad de efectuar en cada caso las denuncias asuman una postura absolutamente mesurada y razonable, pues, caso contrario, se podría caer en situaciones de absoluta injusticia y arbitrariedad.

No obstante, y a efectos de evitar la tremenda inseguridad jurídica que tales circunstancias pueden acarrear, es que resulta insoslayable encontrar otras soluciones.

Obviamente, la más adecuada es una reforma por parte del Congreso, en cuanto a los montos que deberán ser actualizados, teniendo en cuenta la realidad económica de los últimos años. Asimismo sería una situación más que provechosa para modificar otros aspectos que también requieren de revisión y cuyos análisis exceden los fines de este trabajo.

Lamentablemente, la escasa Jurisprudencia existente en este punto no ha sido benévola en cuanto a considerar la distorsión de los importes analizada anteriormente. Por ello es que se requiere en forma urgente la intervención del Congreso en este aspecto.

Con relación a la necesidad de actualizar los importes, principalmente como consecuencia de los efectos inflacionarios, debe analizarse la profunda incongruencia en la que ha caído nuestra Justicia, pues resulta paradójico que nuestro más Alto Tribunal haya dispuesto la procedencia del ajuste por inflación, cuando se demuestre un perjuicio patrimonial hacia el contribuyente, (3) y Tribunales inferiores lo desconozcan, cuando se trata, nada más y nada menos, que de la libertad individual de las personas.

Tampoco puede soslayarse que el Sistema Tributario Argentino es muy complejo, con una gran profusión de normas que muchas veces son modificadas; temas que requieren una especialización en materia tributaria, y que no siempre los ajustes que practican los inspectores aun cuando superen los montos legales, son productos de actitudes maliciosas, ardid o engaño desplegado por el contribuyente con la intención de defraudar al Fisco. En muchos casos existen diferencias de criterios, errores involuntarios o fallas en los sistemas de gestión que no deberían considerarse como conductas punibles. Por ello, y hasta tanto se arribe a una pronta solución en este aspecto, no debe olvidarse que la propia LPT exime a los funcionarios de realizar la denuncia pertinente, “… si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible” (4).

No queremos finalizar este artículo sin dejar expresado, en la forma más clara posible, que, a través del mismo, no se pretende justificar ni avalar conductas reprochables por parte de los contribuyentes, pero sí que, en su caso, las mismas se juzguen mediante un sistema justo y equitativo, que respete un derecho tan fundamental como lo es la libertad individual.

(1)BO 19-12-96.

(2)Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y otros organismo públicos y privados.

(3)CSJN – Candy S.A. c/AFIP y otro s/acción de Amparo – 3/7/2009.

(4)Artículo 19. Ley Penal Tributaria.

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