La seguidilla de ordenanzas municipales que en las últimas semanas prohibieron la venta de material pirotécnico en diferentes municipios se asemeja, más que nada, a una solución de forma, a un parche legislativo que responde a un pedido popular pero que carece de planificación. Una decisión tal, tomada unos días antes de que comience la temporada más fuerte del rubro, genera un perjuicio lógico y se convierte más en una jugada para la tribuna que en una política de Estado destinada a preservar a quienes sufren con este tipo de estruendos. Pero, en todo caso, la problemática no sólo pasa por ahí. En tan poco tiempo tampoco hay capacidad para salir a controlar y evitar los sistemas de ventas clandestinas, que se terminan beneficiando con estos anuncios. En ese contexto, los riesgos son mayores. Sin control de producción, distribución y expendio, el riesgo de accidentes crece.