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9 de noviembre de 2012
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Derechos Humanos

Las víctimas del ex camarista Otilio Romano viajarán para declarar en la Corte chilena

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Cinco personas viajarán a Chile para explicar al juez supremo Sergio Múñoz cómo operaba el ex camarista federal en Mendoza. Luego de eso, se entrará en la recta final hacia su extradición a nuestro país para ser juzgado.

El máximo tribunal de Chile aceptó que las víctimas de la dictadura en Argentina puedan declarar en la causa contra Otilio Romano.

Se trata de la declaración de cinco de sus acusadores, quienes fueron víctimas de la represión entre 1975 y 1983. Será el próximo viernes en Santiago.

En esa época, Romano fue fiscal federal en Mendoza y ahora es requerido por más de cien causas vincualos con delitos de lesa humanidad, en las que está procesado como partícipe primario. Se trata de un delito cuya única pena es prisión perpetua.

El ex magistrado cruzó la cordillera y llegó a Chile en agosto de 2011. Se fugó de Argentina aprovechando que aún tenía fueros como camarista federal y allí pidió refugio político, el que fue finalmente rechazado por el gobierno de Sebastián Piñera. Unos meses más tarde, fue destituido por el Consejo de la Magistratura y desde ese momento pesa contra él una orden de captura internacional.

Además, se abrió un proceso de extradición que lleva adelante el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, una de las máximas figura del ambiente judicial chileno, e identificado con la defensa de los Derechos Humanos. De hecho, fue quien investigó al dictador Augusto Pinochet por sus cuentas secretas en el exterior.

La petición argentina fue hecha para que las víctima pudiesen ir a Chile a declarar y explicar allí cómo operaba Otilio Romano desde la Justicia en complicidad con el aparato represivo.. Lo hacía para darles garantías de impunidad al no investigar las causas de derechos humanos de la época y, por el contrario, sí dar curso a las investigaciones en contra de los detenidos en calidad de subversivos. Romano, actualmente, se encuentra con medidas cautelares, lo que impide su expulsión de Chile, pese a no tener la condición de refugiado.

La solicitud para que declaren las cinco víctimas (Silvia Ontivero, Luz Faingold, Fernando Rule Castro, Alberto Córdoba y Alicia Morales) fue realizada por los abogados Rodrigo Pérez y Carlos Quezada, quienes representan en Chile a la ONG i(dh)eas, entidad enfocada en materia de derechos humanos. Si bien, los profesionales no son parte en la causa, sí el ministro Muñoz accedió a la solicitud de toma de declaración.

Según Quezada, quienes vienen a Chile son víctimas directas en casos donde actuó Romano, quien ahora vive en Reñaca. "Incluso Silvia Ontivero vive actualmente en Chile", concluyó. 

 

Fuente: El Mercurio.

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