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3 de diciembre de 2019
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Opinión

Las intrigantes imágenes de un pasado reciente que vuelven a cobrar vida

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La declaración de Cristina frente al tribunal que la investiga y juzga, más los dichos del presidente electo, han vuelto a traer a la escena actual uno de los peores perfiles que mostró y que tuvo la administración de los Kirchner hasta el 2015.

Durante su primera exposición ante la Justicia, indagada como supuesta jefa de una asociación ilícita en una de las causas por corrupción más importantes que se investigan en torno a los contratos de obra pública que otorgó el kirchnerismo durante sus tres períodos en el poder, desde el 2003 al 2015, Cristina Fernández acusó a una tríada compuesta por jueces, los medios y el gobierno saliente de Mauricio Macri de haber sido los promotores de las causas en su contra e insistió con el lawfare –o guerra judicial o jurídica– del que dice haber sido víctima; un término que estrenara para su caso hacia fines del 2017, cuando asumió como senadora nacional.

Como era de prever, la vicepresidenta electa, que asumirá sus funciones el martes 10, más que una defensa técnica realizó una encendida defensa política por más de tres horas frente a los jueces que investigan lo que se conoce como la causa vialidad. Cristina no se detuvo en argumentaciones probatorias que la podrían despegar de los ilícitos que, supuestamente, permitió que se produjeran. Más allá de negarlos en general, el alegato de la ex presidenta volvió sobre una de las obsesiones que tuvo su gobierno: los medios periodísticos dispuestos a hacerle la vida imposible a su carrera política, a perjudicarla por defender los intereses del pueblo, tener una profunda ascendencia en ese mismo pueblo y por ser una de las líderes populares que, como otros en la región, debieron sufrir iguales o peores consecuencias, como Lula, Rafael Correa o Evo Morales.

Está claro que Cristina pretendía que todos en el país pudiesen acceder en vivo y en directo a su declaración. El tribunal se lo negó en dos oportunidades: la semana pasada y el lunes, un rato antes de la hora prevista para el inicio de su testimonio. Por eso es que los primeros minutos los dedicó a defenestrar a los magistrados y a los fiscales que les han dado aire a las causas en su contra.

Unas horas antes de tal acontecimiento político-judicial protagonizado por Cristina, el presidente electo, Alberto Fernández, había utilizado la red social Twitter para cuestionar al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien se había preguntado, a través de una nota y también por la misma red social, si no se estaba frente a un caso de tráfico de influencia, porque uno de los colaboradores de Fernández en su tarea como profesor de la Universidad de Buenos Aires, al transformarse en abogado del empresario kirchnerista Lázaro Báez, había logrado dilatar por medio de artilugios procesales el avance de otra causa judicial que investiga si Báez lavó o no dinero originado en los contratos de la obra pública.

El presidente electo cargó duro contra Alconada Mon, lo tildó de “miserable”, y aseguró que no soportará “en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo”. Y, al igual que lo hiciera Cristina algunas horas después, dijo que en la Argentina que construirá “se van a acabar los ‘operadores judiciales’, los ‘operadores mediáticos’ y los jueces y fiscales que ‘operan’ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo, Hugo Alconada Mon”.

El escrito del presidente electo provocó, desde ya, una inmediata reacción de la Asociación de Entidades Periodística de Argentina (Adepa), la que emitió un comunicado condenatorio de los dichos y del tono que utilizó Fernández para responder a una nota periodística que entendió que lo perjudicaba. Lo que hizo Adepa fue, en verdad, reivindicar el derecho de cualquier persona a reaccionar frente a dichos periodísticos en su contra, a hacer valer la réplica y a cuestionarla “en duros términos” e, incluso, a ir a la Justicia en caso de sentirse damnificada, pero “utilizar giros descalificatorios para definir a un profesional por no estar de acuerdo con lo que publica, tiene un efecto intimidatorio y estigmatizante hacia el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión que no puede ser pasado por alto”.

La declaración de Cristina frente al tribunal que la investiga y juzga, más los dichos del presidente electo, han vuelto a traer a la escena actual uno de los peores perfiles que mostró y que tuvo la administración de los Kirchner hasta el 2015: esa inclinación y vocación de buscar enemigos de forma constante, ya fuese en los medios, en la Justicia o en cualquier voz discordante con su pensamiento político, sus medidas en el gobierno y, desde ya, contra una ideología determinada.

La grieta que partió en dos a la sociedad argentina surgió, años atrás, con ese tipo de prédicas constantes por parte de quien ostentaba el poder hacia diferentes sectores de la sociedad. Cristina hacía uso de las cadenas nacionales para quejarse del trato que decía recibir de parte de ciertos medios que consideró opositores. También supo cuestionar a un pequeño empresario que se había hecho más o menos famoso al quejarse de las cargas impositivas que no le permitían crecer o de un jubilado que se veía imposibilitado de comprarle un puñado de dólares a su nieto producto del cepo existente por entonces.

El gobierno de Macri fracasó en muchos frentes, particularmente, en el económico, como ya se sabe y conoce. También en ese objetivo de cerrar la grieta que abrió el kirchnerismo cuando gobernó. Por el contrario, Macri, deliberadamente o no, la ahondó y la profundizó. De todas maneras, su gobierno implicó un cambio de paradigma que el macrismo tampoco comprendió: un deseo visible y perceptible de buena parte de la sociedad por relacionarse de otras maneras y formas, distintas de la falta de tolerancia o a los métodos violentos y prepotentes. Eso está vigente todavía, y es algo de lo que se tiene que anoticiar, aunque lo evite, el gobierno que se avecina y que se prepara para asumir el poder dentro de pocas horas.

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