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21 de mayo de 2020
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Polémica

Los detalles del plan K para estatizar acciones de empresas

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La propuesta informal de la legisladora kirchnerista Fernanda Vallejos suma apoyos en el Gobierno. La oposición se opone y para los expertos es "inconstitucional".

La idea de estatizar acciones de las empresas durante la pandemia suma adhesiones en el gobierno nacional. Se trata de una iniciativa expresada por la diputada K Fernanda Vallejos que este jueves consiguió el aval del ministro de Educación, Nicolás Trotta.

La propuesta realizada por Vallejos desde sus redes sociales, que ya comenzó a generar preocupación en el sector privado, plantea que el Estado se quede con una participación en el capital accionario de aquellas grandes empresas que asiste mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a palear los efectos de la crisis generada por el coronavirus. 

El primer funcionario del Ejecutivo nacional que defendió la propuesta fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien la tildó de "interesante". Ahora se sumó Trotta.

"Yo creo que se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar. Yo estoy publicando un libro de Mujica y conversamos con Pepe lo que tiene que ser una alianza público-privado, donde el Estado no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios pero no desde el lucro sino desde la reinversión privada", dijo el titular de la cartera de Educación.

"Tenemos que generar nuevos caminos e instancias que promuevan el desarrollo, no una política de conflicto innecesario. Hoy podemos discutir cómo desarrollamos los sectores estratégicos de la economía", agregó el funcionario en declaraciones a FM La Patriada.

Cómo sería el proyecto

Intentando bajarle el tono a la polémica que se desató por su iniciativa, Vallejos aclaró que se trató de “un tuit que ni siquiera es una idea que inventé yo".

Sin embargo, en diálogo con Animales Sueltos, la legisladora kirchnerista justificó: “Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia...".

Vallejos comentó que se están “estudiando distintas alternativas”. En ese sentido la economista explicó cómo se implementaría el polémico proyecto de participación del Estado sobre las empresas: “No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”.

“Son medidas necesarias en el marco de una situación atípica, es una crisis inédita en la historia del capitalismo”, expresó la impulsora de la propuesta. Y agregó: "He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”.

Críticas

La propuesta generó críticas por parte de la oposición. Liderados por el diputado mendocino Luis Petri, integrantes del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja presentaron esta semana un proyecto para prohibir que la ayuda que brinda el Gobierno a grandes grupos empresarios en el marco de la pandemia sean un condicionante para la participación en el capital social por parte del Estado.

La iniciativa contó con el apoyo de Jimena Latorre, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Waldo Wolff, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena. 

Para Petri, “el Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”. El legislador mendocino aseguró, además, que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas”, destacando el apoyo que le dio Moroni.

En este sentido, afirmó: “No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”. 

¿Inconstitucional?

Para los expertos en materia de derecho societario, aplicar retroactivamente la propuesta de Vallejos sería "violentamente inconstitucional". En cambio, sí se podría pensar en reformar las bases de la ayuda e incluir una cláusula para que los préstamos impagos se cobren en participación accionaria.

"El punto de partida de la idea es ya un disparate constitucional porque las condiciones no están impuestas desde antes, sino que el Estado te da una ayuda y te dice después: 'Por la ayuda que te dí ahora me voy a quedar con tus acciones'", señaló Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y especialista en derecho comercial societario, al diario La Nación.

Para Jimena Vega Olmos, socia de MHR Abogados, la idea es "una suerte de expropiación encubierta". En declaraciones al mismo medio nacional, añadió: "Desde lo jurídico, la propuesta de la diputada Vallejos viola gravemente derechos constitucionales básicos como el de propiedad e igualdad". 

Según los especialistas, no debería haber chances de que la idea se apliquen de manera retroactiva ya que esa situación pondría a las empresas entre la espada y la pared: o desestiman una ayuda económica que puede serles vital en el marco de una crisis excepcional o se exponen a la amenaza de ceder parte de su estructura accionaria.

Fuente: Infobae / Clarín / Perfil / La Nación

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