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15 de enero de 2007
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DERECHOS HUMANOS

La salud de Isabelita no debe pesar

Quien se ocupa en España de causas por delitos de la dictadura, el abogado Carlos Slepoy, indicó que sólo la Justicia argentina debe valorar la salud de la ex presidenta, una vez extraditada.

    BUENOS AIRES (TÉLAM). El abogado Carlos Slepoy, a cargo en España de causas por delitos de lesa humanidad, afirmó ayer que el estado de salud de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón no debe influir en la decisión de su extradición a Argentina, ya que la Justicia argentina es la que debe “valorar las circunstancias personales” de la acusada. Slepoy señaló que Isabel Perón “comprende perfectamente” las acusaciones que se realizan en su contra y enfatizó que, en caso de que se alegara “un problema psiquiátrico, debe ser remitida a Argentina para que se valore” si es obstáculo para el proceso.

    “La Justicia española no analiza el fondo de los hechos sino los requisitos procesales para la extradición”, puntualizó. “Si se verifica que está acusada de delitos extraditables y se cumplen los requisitos, lo lógico es que la otorguen”, sostuvo. Las declaraciones de Slepoy se producen cuando la Justicia mendocina está avanzando en la preparación de los fundamentos para remitir a la Audiencia Nacional española, en los que sustentará el pedido de extradición de la ex presidenta, residente en la península.

     El juez mendocino Héctor Acosta pidió a España la extradición de Martínez de Perón por la desaparición, bajo su presidencia, de Héctor Fagetti y el secuestro de Jorge Verón, en los días previos al golpe de Estado de 1976. La ex presidenta fue detenida el viernes para comparecer ante el juez español de guardia en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, quien le notificó los motivos del pedido de extradición a la Argentina, y quedó en libertad aunque con obligación de presentarse cada dos semanas ante la Justicia.

   Como Martínez de Perón se negó a ser extraditada a Argentina, debe comenzar ahora el proceso judicial que se tramitará a través de Cancillería. El magistrado mendocino tiene ahora un plazo de cuarenta días para remitir –vía Cancillería argentina– la documentación que fundamenta el pedido de extradición de la ex mandataria.

    El magistrado quiere interrogar a la ex presidenta, quien firmó tres decretos en 1975 en los que se instruía sobre las acciones en una Argentina convulsionada. Uno de esos decretos –el 2.772– establecía la ejecución de “operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide investiga los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A, dirigida por el ex ministro de Bienestar Social de Juan Perón y de María Estela Martínez, José López Rega, causa en la cual también podría ser requerida la ex presidenta.

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