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8 de agosto de 2006
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LA REPÚBLICA HERIDA

Poder en su justo término deviene de un obrar probo de quien lo detenta para proteger y actuar en defensa de quienes se lo han conferido

         Así pues, el poder requiere de la autoridad que legitima el accionar de aquellos que han sido ungidos con el voto del pueblo para dirigir los destinos de quienes representan. Pero el poder político, en un estado democrático, tiene su correlato en el respeto a la forma de gobierno elegida por el pueblo e impuesta por su Carta Magna. Cualquier desvío que este u otro gobierno hiciera de la forma Representativa, Republicana y Federal demuestra una acción que sólo busca poder por el poder mismo o, cuando menos, genera la duda de perseguir fines espurios.


        La modificación del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, encargado de la elección y remoción de los jueces federales, acotando la cantidad de miembros y la garantía de una representación pluralista, demuestra un avance del Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial. La aprobación de los llamados decretos de necesidad y urgencia, previstos sólo para casos excepcionales, sin un plazo perentorio para derogarlos o ratificarlos, como la oposición pidió, implica un avance del Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades legislativas.


        La historia nos demuestra una evolución peligrosa en esta materia:“Desde 1853, año en que se sancionó la Constitución, hasta 1983, se dictaron un total de 25 decretos de esta naturaleza. El Presidente de la Nación ha dictado durante su mandato un promedio de algo más de 60 DNU por año”.


         La reciente sanción modificando el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, llamada popularmente de superpoderes, que permite al Jefe de Gabinete reasignar las partidas presupuestarias, ha dejado al desnudo un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. La gravedad que esto produce, más allá de los planteos de inconstitucionalidad que se pudieran generar, es muy grande. Conculcar las funciones que tiene cada uno de los poderes del estado, así como arrogarse las que no le competen, implica una franca violación al orden constitucional.


      Si el Ejecutivo nacional tiene amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, ¿qué motiva este avance sobre los poderes del Estado, la agresión abierta a la prensa y el denostar al adversario político? En suma, el poder político no se ejerce sin autoridad, y es la autoridad la que se legitima mediante el obrar probo de los gobernantes. De otro modo, nos encontramos con un autoritarismo que cercena la libertad y las garantías de los ciudadanos. Con la aprobación de los superpoderes, la República está herida. De nosotros depende que no sea de muerte.

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