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24 de septiembre de 2009
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En veremos

La puja por ser fiscal de Estado trasciende el entorno del gobernador

La renovación de jueces que anhela Celso Jaque tendrá hoy su primer capítulo trascendente, porque, aceptadas las renuncias de los primeros siete cargos judiciales, se envían los pliegos que deberán ser atificados por el Senado.

    La renovación de jueces que anhela Celso Jaque tendrá hoy su primer capítulo trascendente, porque, aceptadas las renuncias de los primeros siete cargos judiciales, se envían los pliegos que deberán ser ratificados por el Senado. De manera paralela, la designación del nuevo fiscal de Estado tardará en llegar, porque en el Ejecutivo sienten que no hay acuerdo legislativo para impulsar esta figura y por eso quiere probarse primero con los jueces (ver página 3). Además, quieren destrabar antes el pliego del hombre propuesto para la Dirección General de Escuelas, que está previsto que se trate el 2 de setiembre.

    Los autopostulados para desembarcar en el primer piso de la Casa de Gobierno son cada vez más, pero desde el Ejecutivo se encargaron de bajarles el perfil a las autonominaciones, porque entienden que hasta que no se haya logrado el consenso legislativo necesario no se enviará el pliego propuesto. El ex fiscal Pedro Sin presentó su renuncia hace poco más de dos meses, envuelto en diversas críticas que llovían desde el Ejecutivo y a las que se sumó el oficialismo en la Legislatura (ver aparte). Desde mediados de junio, ese cargo está prácticamente acéfalo, aunque en la Casa de Gobierno se defienden argumentando que mientras dure su ausencia, el fiscal de Investigaciones Administrativa, Joaquín de Rosas, será quien se desempeñe en sus funciones, porque la reglamentación así lo autoriza.

    Mientras, la danza de nombres sigue creciendo y los autopostulados son cada vez más. Por un lado, el fiscal adjunto, Joaquín de Rosas, tomó las riendas del control de asuntos oficiales como nunca antes se lo vio. Así, no se sabe si tomó relevancia debido a la ausencia de Sin o porque quiere ocupar el lugar que queda acéfalo tras la remoción que pretende el gobernador. Desde el entorno jaquista no ven con malos ojos la autoproclamación de De Rosas, sin embargo son varios los que pretenden ocupar ese puesto.

    Así las cosas, en la danza de nombres ya baila hasta el ex gobernador Rodolfo Lafalla, un candidato que por momentos cobra fuerza por su buena imagen y trayectoria pero a quien en los últimos meses se lo ha visto cada vez más disconforme con algunas decisiones del gobernador. Quienes también pretenden ese lugar son algunos de los abogados que hoy se desempeñan en la Secretaría Legal y Técnica, en general letrados allegados a la figura del secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Pero también sigue en pie el nombre de una legisladora de la oposición, entre otros letrados sin trascendencia mediática.

DESDE 1916. Según el artículo 177 de la Constitución provincial, en Mendoza habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco y que será parte legítima en los juicios contencioso administrativo y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado. Tendrá también personería para demandar ante la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales de la Provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contrarios a los intereses fiscales de la Provincia.

    La figura del fiscal Pedro Sin, quien se jubiló hace poco, es secundada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, lugar donde hasta ahora se desempeña Joaquín de Rosas. Para ser fiscal de Estado o asesor de Gobierno se requieren las mismas condiciones que para ser miembro de la Suprema Corte. Ninguo de ellos podrá ejercer la profesión de abogado. Ambos funcionarios son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de esta Constitución, que prevé que serán enjuiciables ante el Jury creado por el artículo 164 de la misma.

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