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16 de septiembre de 2009
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La palabra es mía, mía, mía

Asistimos desde hace semanas a una de las más feroces y esclarecedoras discusiones de los últimos tiempos con motivo del envío al Congreso del proyecto de ley de servicios audiovisuales para remplazar la arcaica Ley de Radiodifusión de la dictadura

    Asistimos desde hace semanas a una de las más feroces y esclarecedoras discusiones de los últimos tiempos con motivo del envío al Congreso del proyecto de ley de servicios audiovisuales para remplazar la arcaica Ley de Radiodifusión de la dictadura. El proyecto está basado en el aporte de numerosas organizaciones que conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática y que generaron los hoy famosos “21 puntos”. Este proyecto, si bien es enviado y defendido por el Poder Ejecutivo, debió haber sido enviado al Congreso hace mucho. Ni Alfonsín ni Menem, ni De La Rúa ni Duhalde tuvieron la voluntad de hacerlo. Tampoco Kirchner, ya que, en lugar de instalar este debate para efectivamente construir “un país en serio”, prefirió extender licencias y autorizar la fusión de Cablevisión y Multicanal, ya que había oligopolios “amigos”.

    Pero hoy la situación es distinta. El Gobierno finalmente ha decidido dar un paso en la dirección correcta: debatir y sancionar una ley de la democracia, que no sólo venga a remplazar a la de la dictadura, sino también a todo el desastre que generó durante casi 30 años, concentrando la palabra y la imagen en cada vez menos manos. La primera pregunta es: ¿por qué a este proyecto de ley lo apoyan los decanos de las facultades de Ciencias de la Comunicación, los trabajadores de medios, los artistas, los productores de cine nacional, las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, la Comisión de Libertad de Expresión de la ONU, los pueblos originarios, las centrales obreras, las productoras independientes, etcétera?

    El segundo interrogante es: ¿por qué el proyecto es defenestrado por Clarín, el Grupo Uno/América, la Iglesia católica, el vicepresidente “opositor”, Macri, De Narváez, Sanz, Reutemann, el escondido Manzano, Biolcati y la inmensa mayoría de los periodistas “top”? La respuesta hay que buscarla en cuál es la relación de cada uno con los monopolios mediáticos; por eso, algunos están enfrente y otros son parte o son financiados por ellos.

    Monopolios mediáticos que no se quedan en eso, sino que lentamente avanzan no sólo sobre los medios, sino, además, sobre empresas de todo tipo. El efecto Berlusconi, magnate mediático italiano con apoyo norteamericano, se viene reproduciendo en Latinoamérica. Aquí tenemos a De Narváez, en Chile, la derecha pretende llegar al poder de la mano de Sebastián Piñera y Daniel Vila no está muy lejos de imitar a Macri en el salto del fútbol a la representación política.

    Han privatizado la palabra y la imagen, con fondos de dudosas procedencia, y hoy han entrado en pánico de que todo termine. Hablan de libertad de expresión y, en sus pulpos oligopólicos, permiten voces que opinen distinto. La única pluralidad que reconocen es la de los auspiciantes que vienen con cada periodista. Y han recibido un duro golpe: el acceso masivo a la televisación del fútbol ha demostrado que hay vida fuera de los leoninos contratos monopólicos.

CONCENTRACIÓN RECARGADA. En la provincia, la situación se multiplica en tiempo real. Aquí el Grupo Uno (cuya cara visible es Daniel Vila pero que tiene atrás a Francisco de Narváez y José Luis Manzano, entre otros), segundo multimedio del país, controla no sólo numerosas radios AM y FM, un canal de aire, varios de cable, el cable mismo y sitios web, sino que avanza con sus empresas sobre el negocio inmobiliario, el petróleo, la luz, el agua (empresa hoy intervenida por el gigantesco vaciamiento), la salud privada, las cooperativas de trabajo “truchas”, múltiples firmas comerciales, etcétera. A eso se suma, gracias a todo lo anteriormente nombrado, la capacidad del grupo para “sugerir” candidatos a los partidos tradicionales mendocinos y jueces al Poder Judicial local.

    Esto merece un párrafo aparte, ya que sólo basta con ver los terrenos cedidos por el barrio privado Dalvian a jueces para entender por qué el grupo prácticamente no tenga fallos adversos, incluso robando terrenos a la UNCuyo. Dalvian es el nuevo barrio judicial. Además, esos candidatos/as que sugiere el grupo, luego son diputados, senadores, ministros y hasta gobernadores. No importa el partido, importan los negocios, y en eso Manzano ha hecho escuela. A ellos, el término que mejor les queda es el de “felpudos”. Por eso, en Mendoza el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús (PJ), apoyado por los jefes de bancada del PJ, la UCR, el cobismo y el PD, armó un foro en cadena privada nacional, disfrazado de audiencia, para “debatir” sobre el proyecto de ley. Pero hace 4 meses, cuando el cine Universidad reventaba de gente opinando sobre la ley, no hubo cámaras. Libertad de expresión pura.

    Los “felpudos” necesitan del monopolio como el pez al agua, ya que financia sus campañas, los defiende de ataques o denuncias, silenciando, y tal vez les aporte algún dividendo haciéndolos empleados a ellos o a algún familiar. Hoy, “don Daniel”, presidente de Independiente Rivadavia desde donde pretende ser titular de la AFA, es un actor político. Su poder supera al del gobernador y su capacidad de apriete se agiganta día a día. Y precisamente es esa capacidad la que está en juego con este proyecto de ley, y él sabe que, sin el oligopolio mediático, se debilitará profundamente.

ES HORA DE VOTAR. El proyecto de ley ha llegado al Congreso con varias modificaciones, luego de muchos debates. Nuevas propuestas se han planteado ya, referidas a regular a las telefónicas, democratizar la autoridad de aplicación, eliminar el artículo 40. La oposición multimediática no ha acercado ni una sola. Ni siquiera ha defendido el proyecto de la diputada de Clarín Silvana Giudici.

    Por eso, es hora de votar. Que cada uno se haga cargo de lo que dice y, sobre todo, de lo que hace. Acá se está jugando mucho más que una ley. Nuestras diputadas nacionales Victoria Donda y Cecilia Merchán, junto a otros que no pertenecemos a este Gobierno, pondrán su voto contra los monopolios.

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