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27 de febrero de 2020
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Opinión

La otra cara de la educación: sobreoferta de todo, menos de calidad

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La oferta sobredimensionada de los docentes junto con el número de los institutos o profesorados que los forman suelen ser los primeros factores que terminan atentando contra un nivel de educación de excelencia.

Los expertos en temas de educación suelen coincidir, cuando discuten sobre la calidad educativa, que la oferta sobredimensionada de los docentes junto con el número de los institutos o profesorados que los forman suelen ser los primeros factores que terminan atentando contra un nivel de educación de excelencia o con dirección hacia ella, que es el que reclaman las sociedades modernas, precisamente, aquellas que necesitan acompañar la evolución de la ciencia, de las nuevas tecnologías, del desarrollo, para no perder el ritmo de la historia y la evolución.

Continuando con el tema de una columna anterior, la calidad en la educación no sólo es un asunto central de nuestros tiempos, en particular para países con tantas urgencias y necesidades como las que tiene un país como Argentina. Es un tema central, claro, pero no aparece en una agenda política dominada por las urgencias y siempre por asuntos inmediatos. En verdad, lo de las urgencias y lo inmediato suele ser la excusa con la que los gobiernos o los funcionarios de turno y de ocasión se cubren e intentan expiar sus culpas por no permitir un abordaje al meollo y corazón de la mayoría de los problemas que se padecen.

Tanto es así, por caso, que no resulta caprichoso ni mucho menos que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; que el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta (de visita ayer miércoles en Mendoza) y, por supuesto, que los funcionarios al frente de la Anses, hayan justificado que la primera respuesta del Gobierno frente a la pobreza extrema y la vulnerabilidad de millones de chicos y adolescentes del país haya sido llegar a los mismos con planes de asistencia para que puedan comer, como la tarjeta alimentaria, que se ha puesto en marcha, soslayando casi o directamente sin tener en cuenta aquella exigencia o condición para que acudan a una escuela, que estén en un contexto escolar, como históricamente se les ha exigido a sus padres. La pregunta que surge, o la polémica, si se quiere, es por qué una cosa anula la otra o qué impide que se cumplan las dos a la vez. La formación, la educación básica y de nivel, no el chamuyo, es tan necesaria para todos, pero en especial para esos chicos, como lo es una buena alimentación, una vivienda digna, el acceso a los servicios básicos y esenciales como el agua potable y las condiciones de salubridad mínimas para desarrollarse. Y, por supuesto, el mérito y el esfuerzo, porque sin ellos no conocerán de sacrificios ni de competencias, se diga lo que se diga.

La prueba más cercana y contundente de lo que aquí se dice, de que lo de la calidad educativa es un puro verso que suele salir de la boca de los funcionarios y dirigentes gremiales en ciertas y determinadas ocasiones, es que en las discusiones paritarias el tema no existe. ¿Será porque no hay nada para decir? ¿Será porque pasa por un tema de capacidad y conocimiento de los docentes? ¿Será porque los docentes no están bien formados en general y los gremios no lo pueden reconocer? ¿Será porque los gobiernos no tienen los mejores funcionarios para abordar el tema a fondo? ¿O porque no da votos ni porque tampoco aparecen las movilizaciones populares a favor de una mejor calidad educativa? Vaya uno a saber.

Un año y medio atrás, durante la gestión de Mauricio Macri, el consejo de educación del que formaban parte los ministros o directores generales de Escuela de las provincias, decidieron llevar adelante una evaluación sobre los miles de aspirantes a docentes en todo el país. Los gremios, como sucedió siempre con las iniciativas de aquel gobierno, se opusieron e hicieron una campaña en contra de tal evaluación. Sin embargo, se siguió adelante. Se dispuso que se tomarían muestras representativas, por lo que no todos los estudiantes debieron someterse al examen. En Mendoza, no obstante, la prueba se les tomó a todos, fue censal.

El resultado escandalizó a los ministros de Educación del país. No podían creer, por caso, que 45 por ciento del universo de aspirantes a docentes de los institutos de formación docente no comprendieran acabadamente los textos, que no alcanzaran los mínimos objetivos necesarios de la comprensión lectora. Los resultados, así como los reflejó el examen masivo, nunca fueron publicados. Por el contrario, se dieron a conocer una serie de informaciones y datos propios para despistar y para no interesar a nadie.

En Argentina, los institutos de formación docente han crecido como los hongos en la humedad. El último dato conocido es que han surgido al ritmo de 25 a 30 por año y su número se encuentra entre 8 y 14 veces más alto que la media mundial o de los países más adelantados y desarrollados. Son datos que surgieron en octubre del 2019 por parte del Observatorio Argentino de la Educación. En la Argentina existen 34 institutos de formación docente cada un millón de habitantes, mientras que en Chile y México son 4; en Colombia, 2,3; en Estados Unidos, 3,6 y en Francia, 0,5 por millón, según un informe que el sitio Infobae publicó en octubre del año pasado.

Guillermo Jaim Etcheverry, presidente de la Academia Nacional de Educación, consultado para ese informe periodístico planteó, con preocupación: “Es un disparate la cantidad de profesores que tenemos. ¿Cómo se puede controlar la calidad de eso? Los países desarrollados tienen 30, 40, 50 como máximo. Hay que volver a valorar la carrera docente y eso se manifiesta también con mayores exigencias al ingreso”.

Debido a todo este panorama, no debe asombrar que en Mendoza tengamos, por caso, un cargo docente cada 7 alumnos, cuando en el mundo esa relación promedio es de un docente cada 22 chicos. Alrededor de 47 mil docentes o un poco más, casi la mitad de la planta de personal del Estado; un número de escuelas muy superior al que se requiere y un gasto sobredimensionado, por ende, que no refleja el beneficio que debiese tener semejante esfuerzo dinerario que hace la sociedad.

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