Nicaragua “vive una crítica situación en materia de derechos humanos”, afirmó una comisión diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le recomendó al organismo que “declare que hay una alteración del orden constitucional", lo que abre la puerta a la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana.
Así consta en el informe de la Comisión de Alto Nivel que la OEA conformó con el objeto de “realizar gestiones diplomáticas a fin de procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que prevalece en Nicaragua”, y que la organización publicó esta tarde en su web y sus cuentas en redes sociales.
En el documento, de 13 carillas, la comisión concluyó que “queda claro que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”.
“Los mecanismos de control y sobordinación que el gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado” hacen “inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el estado de derecho”, indicó.
La comisión opinó que “para el restablecimiento del sistema democrático en el país resultan imprescindibles y urgentes las necesarias reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes”.
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— DW Español (@dw_espanol) November 19, 2019
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Agregó que “la falta de libertades en el país es grave”, en el contexto de “una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas”, especialmente “en lo que respecta a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y el derecho a protestar”.
“Las acciones que ha tomado o permitido el gobierno de Nicaragua, lo que incluye las numerosas y graves violaciones de derechos humanos, contravienen claramente la Constitución de ese país promulgada en 1987 y los principios fundamentales de democracia que afirma proteger”, señaló el informe.
Por todo ello, la comisión sostuvo que la situación “da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Asimismo, el grupo recomendó al Consejo Permanente de la OEA que “declare” que existe esa “alteración del orden constitucional”.
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