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15 de septiembre de 2009
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LO HABÍA REQUERIDO LA JUSTICIA

La obra social bancaria fue intervenida

La decisión del Gobierno es por las vinculaciones con la mafia de los medicamentos

BUENOS AIRES (DYN). El Gobierno concretó ayer la intervención de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), que le había solicitado el juez federal Norberto Oyarbide por el escándalo de la llamada “mafia de los medicamentos”, a la vez que el magistrado anunciaba la inminente citación a declaración indagatoria a Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay. Pero, enseguida, Zanola y Aballay, que venía actuando como virtual jefa de la OSBA y el Policlínico Bancario, frenaron la indagatoria al mandar a sus abogados defensores a Comodoro Py para recusar a Oyarbide, pidiendo que se aparte de la causa, porque consideran que el magistrado habría incurrido en “prejuzgamiento”.

    El escrito fue presentado por los abogados Mario Fenzel, Federico Figueroa y Armando Murature. Antes, Zanola había tenido de abogado defensor en los tribunales federales al actual Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien ya no puede cumplir actividades privadas. Ahora, el juez Oyarbide analizará la recusación y deberá expedirse, pero los abogados de Zanola y Aballay hicieron reserva de recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal y hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    La intervención del Poder Ejecutivo en la OSBA designó como nuevo titular de la obra social al oncólogo bonaerense Pedro Ferrara, hijo del ex ministro de Salud Floreal Ferrara. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en compañía del ministro de Salud, Juan Manzur, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, dijo que no hay plazos para la intervención y aseguró que el Gobierno quiere “que se llegue hasta el hueso” de la investigación por los medicamentos truchos y que se juzgue “a todos los responsables” del delito, al que calificó de “deleznable”.

    Tras anunciar la intervención de la obra social de bancarios, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el ministro coordinador subrayó que el Gobierno Nacional garantizará que todos los afiliados de los empleados de bancos “van a ser debidamente atendidos”. Por su parte, el ministro de Salud, Juan Manzur, sostuvo que “la decisión de la presidenta (Cristina Fernández) es ir hasta las últimas consecuencias, y que caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables.

    En tanto, en el Policlínico Bancario, empleados y afiliados a la OSBA celebraban con cánticos y gritos la intervención, mientras que la vicedirectora de la entidad, Susana Fiona, mano derecha de Aballay, debió retirarse con custodia policial, en medio de los insultos de aquellos. Además de a Zanola y Aballay, el juez anticipó que citará a declaración indagatoria al ex subsecretario bonaerense de Salud Alberto Costa, y al mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo, a la vez que adelantó que “de ser necesario”, citará a declarar al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y al secretario bonaerense de Salud, Claudio Zin, se da por descontado que ambos en calidad de testigos. “El juzgado sigue trabajando reuniendo y analizando todas las pruebas para poder efectuar la convocatoria de distintas figuras que tienen que ver con este ilícito”, dijo el juez.

    Y cuando los periodistas le preguntaron si ese llamado incluiría a Zanola, el juez contestó: “No le quepa la menor duda”, y agregó: “El señor Zanola surge altamente comprometido con todas las pruebas, desde ya, a su compañera también le tocará el turno y a Lorenzo y a Acosta”. Entonces le consultaron si también llamaría a su juzgado a Manzur y a Zin, a lo cual Oyarbide respondió: “Si es necesario, sí”.

    Estos anticipos del juez cumplen con el pedido hecho por el fiscal federal Luis Comparatore, quien, la semana pasada, ya había pedido al magistrado que citara a todos los nombrados y también al ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, sindicado como recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández. El viernes Oyarbide había ordenado a la Policía Federal un segundo allanamiento del Policlínico Bancario en la última semana, y los agentes secuestraron una veintena de cajas con medicamentos, presuntamente adulterados, almacenados en la farmacia, y documentación que iba desde historias clínicas de pacientes oncológicos –vivos y fallecidos– hasta papeles clave para probar un supuesto lavado de dinero en torno a la empresa San Javier.

    El escándalo por la “mafia de los medicamentos” estalló hace una semana, cuando el juez Oyarbide ordenó la detención de Lorenzo, propietario de San Javier, la droguería que proveía medicamentos a la Bancaria y que está sospechada de haber distribuido medicamentos “truchos” o adulterados para enfermos con cáncer y sida. Además, Oyarbide dijo que “podría llegar a haber” alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria (OSBA) y el triple crimen de General Rodríguez. “Si ustedes recuerdan, la camioneta de (Sebastián) Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y, al requisarse, resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos”, sostuvo el magistrado Federal.

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