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6 de febrero de 2007
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SERVICIOS PÚBLICOS

La Nación exige un arreglo con OSM

Se debe a que la Casa Rosada quiere evitar así un juicio millonario de la empresa en su contra. A pesar de la guerra por la tarifa y las inversiones, el Gobierno provincial descartó la intervención.

   El Gobierno nacional pretende que la provincia arregle de manera amistosa sus diferencias con la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) por la tarifa del agua y el plan de inversiones. La presión tiene que ver con un juicio internacional que, en el caso de que el Gobierno provincial rompa el contrato con la privatizada, podría provocar un duro castigo económico.

   Si bien no está descartado que este juicio salpique a Mendoza, en un fallo negativo, la principal afectada sería la Nación. El litigio en cuestión se tramita en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En ese tribunal de arbitraje, la empresa francesa Saur, principal accionista de OSM, presentó en el 2002 una demanda por los perjuicios que le provocó la devaluación económica, que fue una medida de carácter nacional.

   El Gobierno no conoce las cifras en juego pero sabe que se trataría de “varios millones de dólares”. Además, tiene como antecedente el juicio que planteó en el CIADI Electricité de France, cuando dirigía la eléctrica Edemsa: por la misma razón que OSM, la empresa reclamó un resarcimiento de 257 millones de dólares. Por todo esto, el Poder Ejecutivo ya se comprometió a someterse a la estrategia acuerdista que trazó la Nación para evitar el castigo internacional por el caso OSM.

   En este contexto, desde la Procuración del Tesoro de la Nación, hace más de un año que le hacen marca personal al gobierno de Cobos. La presión nacional fue admitida ayer por el ministro de Ambiente y Obras Públicas, Francisco Morandini. “La Nación fue clarísima en esto: en la medida que avancemos en la renegociación local, se debilita el conflicto internacional”, explicó el funcionario, quien envía a la Casa Rosada informes periódicos sobre el avance de la negociación con OSM.

   "No se trabaja en una hipótesis de quita de la concesión ni de estatización. Hoy estamos en una renegociación”, precisó Morandini, a pesar de que el diálogo con la empresa está congelado por la pelea tarifaria. Y agregó: “No estamos en condiciones de sacarle la tarjeta roja a OSM. Las instancias legales con la empresa las vamos a ir cumpliendo una por una, porque si no tenemos la presentación ante el CIADI, con la que podríamos tener problemas después”.

CONFLICTO.
La discusión entre el Gobierno y OSM se extendió durante todo el 2006 y sigue sin solución. Debido al estancamiento, a fines de diciembre, el propio Cobos difundió la oferta del Estado: un aumento de la tarifa de 19,7%, más un plan de obras por 48 millones de pesos, inversión que la empresa tiene que hacer en los últimos 16 años de la concesión.

   La postura del Gobierno generó una reacción negativa de la privatizada, que desde un primer momento pretende un incremento superior a 40%. A esto se agrega que, según argumentó la empresa en una nota enviada al Ejecutivo en enero, no existe un déficit que la obligue a invertir casi 50 millones de pesos en obras. Esta semana se desarrollará un capítulo crucial en la novela del agua: el presidente de OSM, el español José Calderero, tendrá una reunión con el gobernador Julio Cobos para buscar una solución al conflicto (ver aparte).

   Previo a esta reunión,Morandini aclaró que la ruptura con OSM es una opción lejana y dijo que su situación es diferente a la de las otras empresas que el Gobierno intervino (la línea 20 en el caso del transporte público y la Cooperativa eléctrica de Alto Verde). Sin embargo, por otro lado, prometió que el Ejecutivo priorizará ante todo la buena prestación del servicio de agua. “Eso nos preocupa más que el juicio del CIADI”, aseguró Morandini.

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