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19 de octubre de 2009
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RECLAMOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

La Justicia ya investiga denuncias por mal desempeño policial

Las hicieron llegar desde la Dirección de Derechos Humanos. Involucran a un juez y a policías de Alvear.

Hace un mes, el tercer piso de la Casa de Gobierno se vio ocupado por integrantes de las Madres del Dolor, encabezadas por Miriam Medina, la progenitora de Sebastián Bordón. Dos características presentaban la mayoría de sus reclamos. Por un lado, todos denunciaban abusos policiales en contra de sus hijos o, incluso, de conocidos; por otro lado, gran parte de las denuncias eran contra efectivos de General Alvear, lo que derivó en que la situación fuese calificada como preocupante por las autoridades que las recibieron.


    Eso motivó que una delegación, encabezada por la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, se trasladara hasta ese departamento a recoger reclamos que, si bien fueron pocos, se adjuntaron a las registrados por la Comisión de Derechos y Garantías, para luego darles traslado a la Inspección General de Seguridad (IGS) y a la Justicia provincial.


EL MIEDO A HABLAR. Según explicó Ubaldini, en total fueron siete casos los que se asentaron por escrito en su visita al departamento que conduce el justicialista Juan Carlos de Paolo. Un poco más recibió el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga, cuando hizo el mismo viaje. Lo curioso del caso es que, en ambas ocasiones, la cantidad de denuncias no coincide con el número de personas que fueron entrevistadas por los funcionarios. Según explicó Puga, cuando visitó General Alvear, se reunió con los denunciantes en la sede del Concejo Deliberante. Allí, alrededor de 200 personas se acercaron a denunciar a las autoridades policiales y judiciales.


     En el caso de Ubaldini, la situación sufrió un percance inesperado, ya que el lugar elegido, que es la sede de la Subsecretaría de Trabajo, se ubica en el mismo edificio que la comisaría de ese departamento, por lo que, cuando llegó el personal de la Dirección de Derechos Humanos, los mismos denunciantes le pidieron cambiar de ámbito para estar más tranquilos, lo que indudablemente influyó en la cantidad de personas que se acercaron, explicó la funcionaria. Debido a eso, Ubaldini solicitó a Puga que las denuncias que recibió la comisión que el legislador preside fuesen trasladas a su dirección y de allí a la Justicia y a la Inspección General de Seguridad (IGS), aunque el mismo Puga aclaró que en su caso ya fueron remitidas a los dos organismos para que se investigue.


INSÓLITO. Según explicó Ubaldini, ya existió por este tema una reunión con el procurador general de la Corte, Rodolfo González, y con el presidente de la Suprema Corte , Jorge Nanclares. Ambos se mostraron sorprendidos por las protestas en contra del área judicial de General Alvear y le solicitaron a Ubaldini un informe sobre los casos en los que el juez Néstor Murcia se encontraba involucrado por los familiares de las víctimas. Sin embargo, algunos de los testimonios y pedidos hechos ante Puga y Ubaldini llaman la atención por lo irónico de la situación.


    Es así que uno de los escritos que Ubaldini tiene en su poder dice que, para que la familia de una víctima tenga más seguridad, se solicita que “la policía mantenga una distancia prudente del grupo familiar”. En otros, se denuncia directamente un “hostigamiento policial” hacia los hermanos de un joven que fue muerto mientras se encontraba detenido. Según lo referido ante Derechos Humanos, la situación llegó a un punto en que la policía detuvo a uno de ellos 14 veces en un año por averiguación de antecedentes y allanó la casa familiar en varias oportunidades sin que se hubiera encontrado nada sospechoso.


     Asimismo, Puga aseguró que, de acuerdo con las declaraciones que él tomó, no puede decir que el juez que lleva las causas no haya hecho bien su trabajo, sin embargo, aseguró que está claro que la policía actúa de una manera “muy represiva” y que eso ya le fue comunicado al ministro de Seguridad, Carlos Ciurca. En ese sentido, Puga recordó el caso de una joven llamada Camila Morán, quien fue obligada a desnudarse en una comisaría, luego de que fuera detenida tras una discusión con una vecina, caso que, junto a otros, está siendo investigado por la Inspección General de Seguridad, que ahora cuenta con los expedientes, luego de haber iniciado las pericias de oficio

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