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10 de agosto de 2006
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¿LA JUSTICIA SE HABRÁ OLVIDADO?

El objeto de esta carta es recordarles algunas cosas a los señores jueces responsables de decidir sobre el reclamo de los trabajadores del ex Banco Mendoza por horas extras impagas, retiros voluntarios y demás, que datan de abril de 1999. Comenzaré por recordar la publicación del 19 de setiembre del 2004 del diario Los Andes, donde se expresaba que la historia de los acreedores del Banco Mendoza había tenido un final feliz, ya que el Tercer Juzgado de Concursos y Quiebras de Mendoza, a cargo de la doctora Estella Inés Polino de Charré, había aprobado el acuerdo entre las partes involucradas y que la medida se haría efectiva en un plazo de 15 a 20 días, encontrándose entre los acreedores 650 empleados del Banco Mendoza.

    El objeto de esta carta es recordarles algunas cosas a los señores jueces responsables de decidir sobre el reclamo de los trabajadores del ex Banco Mendoza por horas extras impagas, retiros voluntarios y demás, que datan de abril de 1999. Comenzaré por recordar la publicación del 19 de setiembre del 2004 del diario Los Andes, donde se expresaba que la historia de los acreedores del Banco Mendoza había tenido un final feliz, ya que el Tercer Juzgado de Concursos y Quiebras de Mendoza, a cargo de la doctora Estella Inés Polino de Charré, había aprobado el acuerdo entre las partes involucradas y que la medida se haría efectiva en un plazo de 15 a 20 días, encontrándose entre los acreedores 650 empleados del Banco Mendoza.

   También se aclaraba que los fondos estaban depositados y, tras el fallo, serían desbloqueados para el pago. Vencido el plazo sin noticia alguna, el 11 de febrero del 2005, el diario Uno publicó que los trabajadores del ex Banco Mendoza deben esperar nueve meses más para obtener una decisión de la Cámara Primera de Apelaciones, sin que se haya tenido en cuenta el acuerdo aprobado anteriormente, donde los empleados habían resignado 35% del monto total y se hacían cargo de los honorarios de sus abogados.

    Han transcurrido más de siete años desde el inicio del reclamo, con las consiguientes pérdidas económicas para los trabajadores. Con un acuerdo de las partes involucradas y aprobado por una jueza, ¿cuál es el motivo que condena a un grupo de trabajadores a percibir parte de los salarios adeudados, siendo que la patronal, al firmar el acuerdo, reconoce la legitimidad de estos? Es absurdo creer que la Justicia se oponga. ¿Acaso existe algún motivo oculto, o es la mano de Raúl Moneta la que impide el pago de la deuda?

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