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15 de agosto de 2006
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TRAS INCIDENTES EN EL PARTIDO DE GODOY CRUZ

La Justicia investiga si hubo extorsión

El fiscal Luis Correa Llano citó a declarar a tres dirigentes del club, pero no se presentaron. Hoy serán convocados nuevamente, junto a los jefes del operativo de seguridad del sábado.

   Dirigentes de Godoy Cruz y los responsables del operativo de seguridad montado el sábado en el estadio Malvinas Argentinas deberán declarar ante la Justicia tras los serios incidentes registrados entre integrantes de la barra brava del club y la Policía. El ahora ex presidente de la institución Mario Contreras y el presidente y vicepresidente de la gerenciadora Acción Deportiva, José Mansur y Alejandro Chapini, fueron citados a declarar ayer ante el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Luis Correa Llano. Sin embargo, no se presentaron y serán nuevamente convocados para hoy.

   El fiscal adelantó que escuchará el testimonio de los dirigentes, tras la declaración del comisario Rafael Do Santos, jefe del operativo policial del sábado. El Sol intentó comunicarse con los directivos del equipo tombino, pero ninguno de los tres ofreció respuesta a la requisitoria periodística.

DE OFICIO. Correa LLano comenzó a investigar ayer de oficio los graves disturbios y pretende determinar si el accionar de los hinchas más violentos estuvo presidido por extorsiones realizadas a los dirigentes a cambio de algunos favores. Además, planea interrogarlos sobre la posibilidad de que los disturbios hayan sido anunciados minutos antes de que los simpatizantes comenzaran a ingresar al estadio.

   La idea del fiscal es que los dirigentes citados puedan aportar el o los nombres de los supuestos extorsionadores. Cuando el sábado la pelea entre la Policía y los barra bravas en las adyacencias del Malvinas hicieron que el árbitro suspendiera a los 16 minutos del primer tiempo el encuentro entre Godoy Cruz y Arsenal, el fiscal, sin denuncia previa, comenzó a interiorizarse de la situación. Una de las primeras medidas que tomó Correa Llano fue solicitar a los medios gráficos y televisivos el material que reflejara los disturbios.

   La situación ha sido tomada con gran seriedad en la Justicia, ya que el Código Penal contempla severas penas para quienes realicen este tipo de delito. “Será reprimido con prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o de un tercero cosas, dinero o documentos...”, tipifica el artículo 168 del Código Penal.

AMENAZAS. El fiscal convocó ayer a Mansur, Chapini y Contreras, en base a las declaraciones periodísticas vertidas por los dirigentes, quienes habían dado a entender algo que se rumoreaba cada vez con más frecuencia: que un grupo de hinchas les exigía dinero y colectivos para viajar cuando el equipo jugara de visitante. Trascendió que, luego del ascenso de la Primera B Nacional a la A, el pequeño grupo de hinchas habría reclamado a los directivos cerca de 40.000 pesos mensuales y el 5 por ciento de los sueldos de los jugadores.

    Esta situación se reflejó también cuando el viernes 4 de agosto, dos días antes de jugar en Buenos Aires contra el club Argentinos Juniors, aparecieron pintadas amenazantes en la sede de la gerenciadora Acción Deportiva. Cinco días después, banderas insultantes contra Mansur y otro directivo de Acción Deportiva, Alejandro Chapini, instaladas durante un amistoso en el estadio godoycruceño Feliciano Gambarte, presagiaban que el conflicto por los “beneficios” se agudizaba, aunque no había trascendido públicamente.

    Lo cierto es que varios fueron los dirigentes que solicitaron al ministerio de Seguridad custodia en sus viviendas particulares, ya que las amenazas eran cada vez más frecuentes. Igualmente, la situación no se había denunciado ante la Justicia. Correa Llano explicó que, a pesar del faltazo de los tres dirigentes, a primera hora de hoy enviará una nueva citación para que aporten datos a la investigación.

IMPUTADOS. Mientras Correa LLano investiga la supuesta extorsión, la fiscal Daniela Chaler, a cargo de la Unidad Fiscal de Capital, investiga la desviación de un micro de la línea 30. El sábado, entre cuarenta y cincuenta hinchas del equipo tombino le pidieron al chofer que desviara el recorrido y los llevara al estadio. El conductor se negó y comenzaron a golpearlo hasta que obedeció. Cuando el chofer, a bordo del interno 6 del Grupo 3, regresó al control tuvo que ser hospitalizado.

   Además, la Cuarta Fiscalía Correccional imputó a dos jóvenes mayores por lesiones, agresión y resistencia a la autoridad. Mientras que las 26 personas de la hinchada que habían permanecido a disposición judicial el sábado quedaron en libertad, aunque continúan ligados a la investigación judicial.

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