La renovación de las autoridades judiciales debe ser un momento que trascienda lo meramente institucional y signifique un cambio en un sistema que debe reconvertirse para acercarse a la sociedad.
La Justicia mendocina no difiere de lo que pasa en el resto del país, donde los magistrados parecen pertenecer a una casta que mira por encima al resto de los ciudadanos y que es capaz de torcer la historia hacia un lado o hacia el otro y no siempre bajo la premisa de hacer justicia.
Es, de los tres poderes del Estado, el menos auscultado y el que más espíritu de cuerpo ejerce a la hora de defender a sus integrantes.
Una estructura judicial sana es la base del principio republicano. Es la garantía de que nadie tiene impunidad ni inmunidad. Quien presida el máximo tribunal de Mendoza debe iniciar esa reforma, que será lenta y dura, pero necesaria para tener una provincia cada vez más sana.