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9 de noviembre de 2018
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¿Se entiende?

La Justicia quiere acercarse a la gente con el "lenguaje claro"

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A través de un convenio marco, se lanzó una Red Provincial para comunicar desde el Poder Judicial, en conjunto con áreas del Ejecutivo y Legislativo, con expresiones comprensibles para la ciudadanía.

Este viernes, el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, la vicegobernadora, Laura Montero y el procurador general, Alejandro Gullé, firmaron un convenio marco para crear la Red Provincial de Lenguaje Claro, con el que se redactarán los distintos documentos que emita la Justicia.

Así, las sentencias se organizarán en párrafos cortos, con oraciones de una sola idea. Se utilizará la voz activa y se eliminarán los gerundios, además de reemplazar los latinismos (esas expresiones en latín que se utiliza en el Derecho) por frases comprensibles para quienes desconocen de temas jurídicos.

Según expresó Nanclares, el pedido de la mayoría de las personas fuera de la esfera judicial es "dígamelo claro". Por eso, el lenguaje técnico se reemplazará para que pueda entenderlo cualquier ciudadano. "El juez tiene que hacerse entender para que el que pierda el pleito sepa por qué", indicó.

De la misma forma, Gullé explicó que el lenguaje claro es un estilo de redacción simple que siempre ha sido necesario. "Solemos decir, por ejemplo, el Palacio de Justicia, cuando es más directo decir Tribunal. Incluso damos una idea equivocada, como si estos fueran tronos", ilustró.

Montero, por su parte, añadió que la medida genera mecanismos para profundizar en el Acceso a la Información Pública. "La comprensión clara y eficiente de un documento, ya sea que venga del Ejecutivo, norma o fallo judicial, sirve para que la ciudadanía avance hacia una democracia más participativa", argumentó.

En la práctica, los jueces y demás cargos que cumplan tareas de redacción serán capacitados para combinar el uso expresiones concisas, una estructura lingüística efectiva y un buen diseño del documento. Así, los magistrados podrán dictar normas con el mismo nivel de fuerza y complejidad, pero de manera comprensible.

La aplicación del lenguaje claro aboga por el "derecho a entender" de los ciudadanos y, a su vez, la "obligación del Estado de darse a entender".

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