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23 de noviembre de 2012
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CRÍTICA DE LA SEMANA

La jugada de Pérez por la reforma y ?el derecho al olvido?

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<b>Marcelo Torrez.</b> La usina de la idea está en la Casa de Gobierno, y quienes la motorizaron han sido los constitucionalistas más cercanos al Ejecutivo.

La aventura reformista de Francisco Pérez es muy fuerte para el gobernador. El proyecto lo ha asumido como el más importante de su paso por la Gobernación y ha instruido a todo el Gobierno para militar la iniciativa a lo que dé lugar, tanto que ni siquiera se sonroja al apelar a una ley de más de una decena de años, alumbrada durante la gestión de Roberto Iglesias, para usarla como el trampolín que le permita llamar a una elección de convencionales constituyentes en el 2013. La usina de la idea está en la Casa de Gobierno, y quienes la motorizaron han sido los constitucionalistas más cercanos al Ejecutivo, sean radicales o peronistas, y que están convencidos de que tiene color. Las primeras señales aparecieron luego de una reunión que, en principio, sería hermética, cerrada y que se produjo el martes entre Pérez, el vice Carlos Ciurca, el ministro Félix González y el coordinador de Gabinete, Eduardo Bauzá. Allí se han anotado Mariano Domínguez, del Colegio de Abogados y asesor cercano a Rubén Miranda en Las Heras, y el radical cercano a Iglesias, Víctor Ibáñez. "Estamos entrelazados entre la discriminación de intendentes opositores, con un atropello constitucional. Se hace cualquier cosa para conseguir los objetivos de los que están en el poder", fue lo primero que disparó Alfredo Cornejo ante las dos acciones del oficialismo que pusieron al borde de un nuevo quiebre al partido y que lo sobresaltaron en las últimas horas. Una de esas acciones es esta suerte de per saltum legislativo con el que sueña Pérez para avanzar en la reforma constitucional, y el otro fue la operación que dejó fuera a los intendentes radicales opositores, con excepción de Víctor Fayad, en la visita que hizo el Gobierno, junto con los caciques, a la Casa Rosada el miércoles, por la plata de la soja, que les han prometido que les llegará en el clave 2013.

La iniciativa, al margen de las críticas radicales que la tildan de intento "desesperado" por destrabar un proyecto que ellos han bloqueado en la Legislatura junto con los demócratas, es compleja, de dudosa concreción y retorcida. Pérez entiende que está habilitado a seguir con la reforma de la Constitución que quedó trunca en la gobernación de Iglesias. Los constitucionalistas le han dicho que la propia Constitución liberal del 16 no determina los plazos de vigencia para una ley que declaró la reforma, pese a que no se haya concretado y aunque hayan pasado once años, como en este caso.

Las trabas a esta idea, dicen otros especialistas, como la académica Silvina Barón Knoll, actual secretaría legal y técnica de la Corte mendocina, aparecen cuando alguien plantea lo que en el ámbito jurídico se entiende como "el derecho de olvido". La jurista se pregunta, en ese sentido, sobre la legitimidad del electorado del 2001 respecto del actual electorado, once años después. "Si bien no hay plazos por cuánto tiempo tiene vigencia racional anclada con la realidad una decisión de tantos años", analiza Barón. Y para justificar aún más su visión dudosa, cita a Aída Kemelmajer de Carlucci cuando hizo una interpretación del habeas data sobre la vigencia a lo largo del tiempo, en un banco de datos, de la información sobre los deudores. Aída habló de una "prescripción decenal" como un tiempo prudencial aceptable. Y aunque son hechos distintos, la naturaleza de la vigencia de la información y de la legitimidad de los datos parece ser la misma, en la opinión de la jurista Barón.

Hay otros aspectos que casi han enceguecido al Gobierno a fin de lograr la reforma. Uno de ellos tiene que ver con el estado de morosidad permanente en la que está la Provincia en cuanto a la modernización de su Constitución, luego de que la Nación actualizara la suya tras el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín y diera paso a la reforma de 1994. De ahí que cada administración provincial haya intentado, sin éxito, la reforma. Pérez se ha obsesionado tras ese logro que lo haría trascender entre todos. Claro que el gobernador, que posee una convicción no exenta de un cúmulo de críticas contrarias, no se excluye de la posibilidad de ser reelecto si, por fin, pudiese discutirse ese aspecto de la Constitución, porque cree que renunciar hoy a esa alternativa, que ninguno ha tenido, le licuaría el poder, tanto el de negociación política como el de su investidura propia de aquí al fin del mandato.

También cabe preguntarse si el instrumento que ensaya el Ejecutivo al tomar la ley del 2001 resulta válido, por qué no lo hicieron Cobos y Jaque cuando les tocó gobernar y fracasaron en el mismo objetivo que hoy quiere Pérez. Es curioso, cuando menos, que no se les haya ocurrido. Pérez va por todo con el riesgo de perder todo, desde ya. Si tensa demasiado la cuerda, podría quedarse sin medio alguno para salvar algo del proyecto. Debe saber que se expone a eso.

El tiempo transcurrido desde la sanción de aquella ley de épocas de Iglesias es la parte más débil de la jugada. Pero, en cambio, sí podría tomar, si se asume como reformista en todo sentido –según entienden casi todos los juristas consultados–, la enmienda votada durante la gestión de Jaque para modificar el artículo 198 de la Constitución, que habla de los mandatos de los intendentes. La idea de aquella modificación que no prosperó porque no obtuvo la mitad más uno de los votos del padrón para que se llamase a la convención, limitaba a un período de gobierno el mandato de los intendentes. Todos estuvieron de acuerdo y el Sí del referéndum fue arrolladoramente mayoritario sobre los votos negativos. Pérez hoy podría promulgar la modificación del artículo y forzar a que alguien, cualquier ciudadano o un intendente molesto, si se quiere, se presentara en la Corte para hacer valer el fallo de 1989 en el que se interpretó que la Constitución habla de los votos del padrón, y no de los electores que fueron a votar, como base para calcular la mayoría absoluta que se requiere para meterle mano a la Constitución y modificarla. Pérez no quiere abrir un frente con los intendentes de su partido que hoy dicen en público estar dispuestos a restringir sus mandatos, pero que, en privado, maldicen la idea en todos los idiomas porque la ven discriminante.

El Gobierno, en síntesis, al ventilar la posibilidad de hacer uso de la ley del 2001 como atajo al bloqueo que hoy han impuesto radicales y demócratas a la reforma bien podría estar buscando generar, deliberadamente, ese acto que necesita para que la Corte haga otra interpretación de las mayorías de las que habla el artículo 221 de la Constitución y que Aída Kemelmajer estableció, en aquel fallo de 1989, que se trataba de la totalidad del padrón y no de los que efectivamente votan en una elección. Hoy, el Gobierno cree que la nueva composición de la Corte tiene, por ende, una visión más flexible y realista y que no puede ser tenida en cuenta, para el cálculo, la voluntad de quienes no van a votar porque nos les interesa hacerlo como tampoco el quedar en falta frente a la obligatoriedad del sufragio; de los que votan en blanco y que con su actitud favorecen a la posición del No y hasta la voluntad de los muertos, que aparecen en el padrón, y que, caprichosamente, no se levantan de la tumba para emitir el voto. 

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