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12 de octubre de 2009
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SERVICIOS PÚBLICOS

La intervención de Obras Sanitarias se encontró con juicios por $57 millones

¢Las demandas contra la prestataria son de privados, organismos descentralizados y municipios

Al desmanejo y falta de inversión por parte de los concesionarios del servicio de agua potable se suman millonarios reclamos por parte de privados, municipalidades, organismos descentralizados del Estado y una cadena de hipermercados. Así, contra Obras Sanitarias hay demandas de todo tipo y que suman poco más de 57 millones de pesos que la empresa deberá devolver o el Estado deberá afrontar en el caso de que el camino elegido tras la intervención decretada por 180 días sea la reestatización del servicio de agua potable y cloacas. Una de las más llamativas es la del hipermercado Carrefour, que elevó una demanda exigiendo una compensación a la empresa por facturación incorrecta por lo que la concesionaria debe reintegrar 1.000.004 pesos, según la resolución judicial ya emanada.


     Lo que analiza la intervención es comenzar en breve la devolución de este millón de pesos, a través de la suspensión de la facturación a la firma que está instalada en Guaymallén. Si bien este levantamiento de la facturación significará un ingreso menos que percibirá la intervención, parece ser el único camino posible para poder afrontar la sentencia. Esta y cada una de las demandas iniciadas contra la prestataria –algunas ya en etapa final de resolución– se conocieron en la última reunión del Consejo Asesor para la Intervención de Obras Sanitarias que se realizó en la Casa de Gobierno. Además hay reclamos judiciales iniciados en el Ente de Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), que por ahora han quedado suspendidos hasta tanto se defina la intervención.


     En general, se trata de pedidos que elevó el ente por interrupciones del servicio, bajas de presión e incumplimientos de parámetros de calidad del agua –bajos niveles de cloro residual, turbiedad por presencia de arena, manganeso–, además de falta de colaboración con el organismo, entre otras cosas. A base de estos reclamos, Obras Sanitarias debe 175 mil pesos del 2007, 510 mil del 2008 y 150 mil en lo que va del 2009. Como era de esperar, estas demandas han quedado suspendidas hasta tanto se resuelva el futuro de la intervención estatal decretada por 180 días a partir del 3 de agosto. Quienes también le reclaman montos importantes a Obras Sanitarias son las municipalidades. En general, se trata de acciones de inconstitucionalidad contra ordenanzas que fijan tasas por derechos de comercio y por ocupación de espacios de dominio público con cañerías e instalaciones. Por esto, la Municipalidad de Capital exige el pago de 4.245.490 pesos, a través de siete juicios elevados a la concesionaria; la de Godoy Cruz pide 2 millones de pesos a través de seis demandas, y la de Guaymallén 3, que suman un reclamo de 3 millones de pesos.


     La sureña comuna de Malargüe tiene un juicio por 30 mil pesos y la de Rivadavia por 1.700.000 pesos. Quien también elevó un reclamo judicial contra la prestadora del servicio de agua potable es el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación. En este caso exige el pago de 19 millones de pesos por diferencias en el Valor Llave Fondo Potrerillos. En este caso, la acción está frenada, porque Obras Sanitarias interpuso una acción de inconstitucionalidad a la primera resolución judicial que favorecía al organismo descentralizado. Uno de los montos más elevados que los accionistas de Obras Sanitarias deben afrontar es el de los reclamos judiciales civiles. Se trata de pedidos de privados, aunque también hay pequeños comerciantes que demandan por daños y perjuicios ocasionados por consignaciones y repeticiones de pago, expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales, además de apremios.


    La previsión económica realizada por Obras Sanitarias alcanza los 3.438.962,40 de pesos. Otro de los reclamos que la concesionaria mantiene en la Justicia es por parte de vecinos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, que, patrocinados por la Asociación Defensa del Consumidor, iniciaron el pedido formal por presencia de manganeso en aguas distribuidas en zonas de esos departamentos. Reclaman 1 millón de pesos amparados en una resolución del EPAS (181/08) que, entre otras cosas, establece los daños punitivos de la Ley de Defensa del Consumidor. Por último, Obras Sanitarias tendrá que enfrentar 29 juicios laborales que se mantienen en la primera y segunda circunscripción de la Provincia. En su mayoría están relacionados con enfermedades profesionales, accidentes de trabajo e incapacidades laborales, diferencias por liquidaciones finales, despidos, diferencias salariales y certificaciones de trabajo. Según las previsiones económicas realizadas por la intervención estos ascienden a 966.042 pesos.


EN LA FEDERAL. Además de los reclamos presentados en tribunales locales hay uno en la Justicia Federal que fue elevado por la AFIP en contra de la sentencia que rechaza el emplazamiento de Obras Sanitarias por saldo de la declaración jurada por el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2007. Si bien el monto reclamado asciende a 3.040.154 pesos, la intervención calcula que con intereses asciende a 20 millones de pesos.


COMPÁS DE ESPERA. En medio de esta maraña judicial, la intervención intenta equilibrar los ingresos de la empresa, consiguiendo financiamiento para las inversiones necesarias que apuntan a sostener el servicio hasta el 30 de enero, plazo cuando se termina la primera etapa de la intervención dispuesta el 3 de agosto y por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por el mismo período.


     Ese día, el Gobierno provincial, deberá decidir si devuelve el control de la prestataria a los accionistas o toma el camino hacia la reestatización, una de las probabilidades con menor fuerza en medio de la crisis de recursos financieros que afronta la Provincia y con un presupuesto futuro que también se muestra deficitario. Por lo tanto, la intervención comienza por estos días una nueva etapa, porque arrancan los trabajos de consultoría externa y para esto se ha contratado a técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo, que también emitirán su dictamen final que se sumará al político, antes del 30 de enero, día clave para el futuro del concesionado servicio.

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