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9 de noviembre de 2012
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LA OTRA CARA DE LA CULTURA

La inauguración del Le Parc desató un reclamo por falta de viviendas

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La edificación del centro cultural más importante de la región sacó a la luz los graves problemas que existen en uno de los asentamientos de la provincia. Un muro de cemento separa al edificio de la villa donde viven unas 90 familias.

El desarrollo de la Feria del Libro atrajo cerca de 200 mil visitas, sirvió para despertar el interés por el arte mendocino y permitió que la provincia presentara en sociedad al centro cultural más importante de la región, el imponente Julio Le Parc. Sin embargo, 100 metros más allá de la gigante construcción, se esconde otra realidad, ganada por el problema actual que representan los asentamientos instalados en distintos puntos de la provincia.

En este sentido, un conflicto desatado a raíz de la falta de viviendas para las familias que viven en el predio ocupado sobre los rieles de lo que alguna vez fue el ex ferrocarril Belgrano, sacó a relucir el problema que existe no sólo en el distrito de San José, sino en toda la provincia. Lo que sucede con las familias que mantienen la misma lucha en el asentamiento Escorihuela, se presenta como otro claro ejemplo.

Semanas atrás, la Municipalidad de Guaymallén se ocupó de bajarle los decibeles al drama social que desató la construcción del Le Parc, a través del compromiso asumido por Pablo Gareca, secretario de Desarrollo Humano de esa Comuna, quien afirmó: "Los vecinos del lugar están incorporados a un programa de viviendas que se va a desarrollar en la finca Badano". La información fue comprobada por el Instituto Provincial de la Vivienda, organismo que confirmó el desarrollo de un proyecto destinado a las construcción de viviendas para 80 familias.

Sin embargo, lo que parecía ser una gran noticia para los vecinos del lugar, comenzó a opacarse lentamente debido a conflictos que existen dentro del predio tomado, situación que genera incertidumbre en torno a lo que pueda llegar a ocurrir en un futuro no muy lejano. Para entender lo que está sucediendo hay que remontarse a comienzos del 2012, cuando el personal dedicado a Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén realizó un relevamiento del predio. El estudio reflejó que en el asentamiento vivían 80 familias y, a partir de esa cifra, se comenzó a trabajar en un proyecto para trasladarlas a otro lugar.

Pero, al parecer, entre aquellos primeros meses del año y los meses que le siguieron, al predio llegaron más familias en busca de un espacio para seguir adelante en medio de la pobreza. Por lo tanto, el número de habitantes se fue incrementando, lo que provocó que, evidentemente, algunas personas quedaran excluidas del proyecto del IPV.

DOS SECTORES ENFRENTADOS. El conflicto está marcado por dos grupos que conviven sobre los mismos rieles del tren pero están enfrentados. Por un lado, los vecinos de la unión vecinal Alicia Kirchner, organización que nuclea a 69 familias, sostiene que, de ese total, 11 fueron excluidas para beneficiar a otras personas que llegaron hace poco tiempo al predio ocupado. En este sentido, la titular del grupo, Paula Corvalán, afirmó: "Hay gente que lleva años viviendo acá y ahora no le van a dar una casa; es increíble". Según lo expresado por la joven que representa a la mayoría de los vecinos, desde la Municipalidad de Guaymallén "se incorporó al proyecto del IPV a 10 familias que llegaron al asentamiento hace 2 o 3 meses".

En el otro extremo de un predio que está más cerca de ser un basurero que de convertirse en un lugar digno de ser habitado, vive el otro grupo, conformado por vecinos que, en su mayoría, pertenecen a la comunidad boliviana. "Nosotros no somos racistas, pero ellos no han aportado en nada; ahora a nosotros nos excluyen, y a ellos, que llegaron hace muy poco, les van a cumplir nuestro sueño de tener una casa propia", expresó Corvalán.

Por su parte, los integrantes del otro sector que protagonizan el enfrentamiento no quisieron dar su versión sobre lo que está sucediendo, quizás, por temor a perder algún tipo de beneficio. "Puede ser que tengan miedo, cuando fuimos a buscarlos para comenzar a organizarnos nos dijeron que no iban a aportar plata", afirmó la titular de la unión vecinal Alicia Kirchner, en relación con la campaña que comenzaron a afrontar meses atrás con el objetivo de luchar por el acceso a condiciones básicas de vida.

UN TEMA CERRADO. Lo que sucede en el asentamiento ubicado en la ex estación de trenes no es ninguna novedad. Tampoco se trata de un caso particular; no es algo que ocurre únicamente en San José ni tampoco en Mendoza. El problema habitacional afecta a toda Argentina y, en el medio, hay quienes intentan encontrarle una solución a un problema que deja en evidencia los errores cometidos sistemáticamente por los gobiernos que se sucedieron en el poder.

La necesidad de encontrar una casa segura y digna para formar una familia lleva muchas veces a la desesperación y, en esa carrera, todo vale. Por lo menos, así funciona para mucha gente que poco o nada tiene. En este sentido, la opinión del intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, parece marchar por ese camino. "Las 80 familias que fueron relevadas a principio de año van a tener su vivienda; si se ha metido alguien nuevo no se le va a adjudicar ninguna casa", explicó el jefe comunal.

Y agregó: "Es evidente que hay picardía interna, gente que quiere sacar provecho de la situación", indicó, con relación a lo que sucede en el corazón del asentamiento. Además, aprovechó para enviarle un mensaje al arco opositor al expresar: "Vamos a respetar el compromiso de construir las 80 viviendas que prometimos; lo vamos a hacer a pesar de ciertas políticas que buscan alentar este tipo de reclamos y quieren provocar angustia en la gente".

Por su parte, el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Omar Parisi, también se encargó de aclarar la situación al explicar: "El relevamiento que nos enviaron contiene a 80 familias, eso es lo que contempla el proyecto que vamos a asumir". No obstante, trató de desligarse de la problemática. "Nosotros jamás asignamos las viviendas, los relevamientos son realizados por los municipios", explicó. 

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