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7 de agosto de 2006
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ALQUILERES

La idea de vigilar los contratos generó críticas en inmobiliarios

El Gobierno nacional quiere que cada contrato de alquiler sea controlado por la AFIP para evitar subas.?No hay que ponerle más presión a los propietarios?, dijo el titular de la cámara

            La intención del Gobierno nacional de que cada nuevo contrato de alquiler sea vigilado por la AFIP para ponerle un freno a los aumentos de precios no fue bien recibida por la Cámara Inmobiliaria local. El titular de ese organismo, Santiago Debé, calificó de “disparate” que la secretaría de Comercio de la Nación “siga pisando los precios” y que ahora busque ponerle “más presión a los propietarios”.


         La idea oficial es que todos los contratos nuevos de alquiler pasen por la AFIP para que de esta manera se eviten cláusulas de indexación, que están prohibidas por ley pero que,muchas veces, se aplican igual. Es que tras el acuerdo de alquiler, los propietarios suelen aumentarles el monto en base a la inflación mensual, aunque el artículo 4 de la ley 25.561 de Emergencia Nacional establece que nada puede ser indexado.


          Hoy, la asociación de Protección del Consumidor (Prodelco) sigue recibiendo casos de inquilinos que han sufrido engaños contractuales. “Nos preocupa el disparate que está haciendo ahora el Gobierno nacional que quiere intervenir en los alquileres, donde se habla que habrá que entregar los contratos a la AFIP, pero creemos que será imposible vigilarlos porque son miles. Además, la ley de emergencia hace pisar los precios y ya hace más de tres años que no se puede aumentar cuando el precio del resto de los bienes y servicios se ha incrementado notablemente”, expresó Debé, y agregó: “Todos dicen que aumentan los alquileres y pegan el grito en el cielo, pero esto pasa cuando se renuevan los contratos y no cada mes con la inflación.


       Hay que entender que los propietarios se la están aguantando y sufriendo daños por tener un canon desactualizado”. Para el titular de la Cámara Inmobiliaria, “el Estado distorsiona el mercado porque sin esa ley de emergencia los propietarios y los inquilinos se podrían haber puesto de acuerdo y hacer aumentos progresivos, como pasa con todo lo demás”.

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