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30 de noviembre de 2006
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CAUSAS PARALELAS

La Fiscalía de Estado iniciará investigación por los barras

La repartición que cuida los bienes del Estado está esperando a que se inicie la instrucción de delitos vinculados a funcionarios para abrir nuevos expedientes

        La causa iniciada por la extorsión que habrían realizado algunos barrabravas a dirigentes del club Godoy Cruz y sus respectivas compulsas por otros delitos que aparecieron en escuchas telefónicas sumará, en los próximos días, un nuevo e interesante capítulo. Es que la Fiscalía de Estado está esperando que el principal investigador del expediente, Luis Correa Llano, envíe las seis compulsas a otro fiscal de Delitos Complejos para comenzar una investigación paralela a la judicial. Esto, que fue confirmado ayer por abogados de la repartición, sucedería en los próximos días.


      Desde un principio, cuando se ventiló que había funcionarios del Ejecutivo vinculados con los barras, desde la Justicia se preguntaban por qué la Fiscalía de Estado no intervenía e iniciaba un expediente para verificar qué tipo de relación mantuvieron algunos de sus subordinados con los barras. Es así que, cuando el fiscal especial Eduardo Martearena inicie la instrucción de otros delitos detectados en las transcripciones de las escuchas, la repartición del Estado comenzará también su instrucción con el fin de desentrañar el rol que cumplieron algunos funcionarios, principalmente de los ministerios de Desarrollo Social, Gobierno y Seguridad.


      De este modo, la Fiscalía de Estado responderá a los cuestionamientos sobre su inactiva participación en un caso con tanta repercusión pública y tratará de determinar cómo fue la participación de funcionarios del Ejecutivo en la supuesta connivencia con barras y directivos del Tomba. Cuando ocurrieron los disturbios en el Malvinas Argentinas, el 12 de agosto, sucedieron dos cosas: una fue la investigación de oficio que encaró Correa Llano tras la denuncia de los dirigentes del club, quienes señalaron que sufrían extorsiones por parte de los barras.


      Otra de las cuestiones fue que el Ejecutivo decidió crear el Consejo de Prevención en los estadios, que finalmente se derrumbó. Al frente de este ente, que contaba con la participación de tres ministerios –Seguridad, Gobierno y Desarrollo Social–, estaba Omar Pérez Botti. Las escuchas que ordenó el fiscal vincularon a Pérez Botti y al comisario Jorge Franco con el ingreso de pirotecnia al estadio. Además, el justicialista –quien tuvo que dejar sus dos cargos–, quedó comprometido por lo que serían oscuras licitaciones en la nueva cárcel de Cacheuta. En estos dos casos quedaron ligados funcionarios de las carteras de Gobierno y Seguridad.


     Desarrollo Social no quedó afuera: las escuchas dejaron en evidencia que habría pagado colectivos para que los hinchas más violentos viajasen cuando el equipo jugara de visitante. Esta situación no fue aclarada por la cartera tras la aparición de facturas que acreditaban el pago. Lo cierto es que la Fiscalía de Estado deberá encontrar, al igual que la Justicia, si existió connivencia entre funcionarios y barras.

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