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15 de noviembre de 2019
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Opinión

La falta de empleo, la pobreza y el rol de la Iglesia y el de los empresarios

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Los empresarios y la Iglesia, hace ya algún tiempo, están manteniendo contactos en los que analizan la situación social de la provincia.

“Vea, amigo arzobispo, si usted nos garantiza que Dios proveerá, díganos qué debemos hacer y cómo. Si no es así, si no tiene ninguna alternativa más o menos factible de cómo combatir la pobreza y la falta de empleo que esas soluciones que nosotros conocemos y por las que estamos pidiendo que nos apoyen, le pido que nos acompañe”. La frase fue imaginada por uno de los empresarios, miembro de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y elaborada como respuesta al jefe de la Iglesia católica de la provincia, el arzobispo Marcelo Colombo, luego de aquel controvertido y sorprendente comunicado que firmó en nombre de la Iglesia y por el que advirtió a la dirigencia política y empresarial que, antes de avanzar en una modificación de la ley 7.722 (la Ley Antiminera), tuviesen en cuenta la opinión de las organizaciones ambientalistas que han venido marcando reparos y fuertes niveles de oposición al desarrollo del sector.

Los empresarios y la Iglesia, hace ya algún tiempo, están manteniendo contactos en los que analizan la situación social de la provincia. Algunos de esos encuentros han sido más formales que otros y, en la mayoría, ocasionales. Pero hoy, en las primeras horas de la tarde, un representante de la UIM se verá con el arzobispo Colombo.

“Si la Iglesia está preocupada por la pobreza y por los pobres, nosotros también. Tanto que ya no queremos ser los únicos apuntados como responsables de las crisis. Hay empresas que ya no se pueden sostener y tienen que estar despidiendo empleados todos los meses. Esas personas en algo tienen que trabajar, algo tienen que hacer”, comento días atrás Mauricio Badaloni, el presidente de la organización empresarial, luego de conocer los reparos de Colombo. Según ha trascendido, en la Iglesia se habría decidido bajarle el tono a la polémica y ofrecer sus oficios para que empresarios, políticos y hasta las organizaciones ambientalistas encuentren una vía de solución al cúmulo de trabas que tiene el desarrollo económico.

El comunicado de Colombo se conoció unas horas antes de que la Legislatura aprobara, sobre fines de octubre, el proyecto de exploración de la mina de Hierro Indio, ubicada en Malargüe. Ese emprendimiento se transformó en el primero aprobado desde el 2007, año en que rige la ley 7.722, la norma que los empresarios y un sector mayoritario de la dirigencia política pretende modificar para desarrollar la actividad minera en los departamentos que cuentan con ese potencial. “Respetuoso de la altísima misión asignada por el pueblo de nuestra provincia a los señores senadores, el arzobispo subrayó en su carta, la necesidad de tener en consideración las consecuencias del cambio climático, la crónica escasez de agua y su potencial contaminación”, se lee en aquel escrito que la Iglesia distribuyó al confirmar la carta que Colombo firmó y envió a los senadores.

Por estos días, cuando se acerca la finalización del mandato de Alfredo Cornejo y transcurren los últimos días de sesión de una Legislatura que también cambiará de actores a partir de los próximos meses, la discusión sobre el desarrollo minero se activó y ganó el centro de la escena de debates como hacía tiempo no sucedía. Empujado por una dirigencia empresarial que se unificó y que salió dispuesta a dar una discusión frontal debido, en gran medida, a la agudización de la crisis económica, el debate agitó la reciente campaña electoral por la Gobernación, cuando en otros años había sido dejado de lado, por su alta sensibilidad y división que, se cree, ha provocado en parte de la sociedad.

Las modificaciones a la ley estuvieron cerca de ser aprobadas en el inicio de la semana, primero por el Senado, para pasar luego a Diputados. El tratamiento se abortó porque no había logrado, al menos, contar con los dos tercios del total del cuerpo, aunque tampoco la modificación necesita contar con esa mayoría especial, pero sí –se acordó– alcanzar el mayor nivel de legitimidad posible.

En principio, tanto el oficialismo como la oposición intentarían alcanzar un mínimo de acuerdo necesario en el transcurso del fin de semana, una vez que retorne a Mendoza el gobernador electo, Rodolfo Suarez, de aquella misión por Francia, China y Dubái que emprendió hace casi quince días. Los empresarios, particularmente los representados en la UIM, buscarían reunir a las partes accediendo a un pedido del peronismo que planteó, como condición, que tanto Cornejo como Suarez convocaran a un encuentro amplio en el que manifestara abiertamente el objetivo de ir por la modificación de la ley y se hiciera cargo, el oficialismo, del posible costo social que podría pagar por ello.

Si se llegara a un consenso detrás de ese reclamo opositor, los principales referentes del Gobierno, del peronismo, de los empresarios y de los trabajadores firmarían un documento en el que se les daría aval a los cambios en la Legislatura. De prosperar tales negociaciones, el encuentro podría realizarse entre lunes y martes, antes de las sesiones semanales de ambas cámaras.

Los empresarios avizoran, en medio de las dificultades económicas, un futuro más o menos promisorio si se avanza en esa serie de proyectos de obras y de explotación de recursos que han sido anunciados algunos meses atrás y que requieren, algunos de ellos, no todos, un acuerdo político y social amplio como el que se busca. Allí aparece Portezuelo del Viento, con una inversión de casi US$1.000 millones en los próximos cinco años; entre US$600 millones y US$800 millones más si se llegara a activar San Jorge, la mina de cobre de Uspallata, más otro tanto si a fin de año la Provincia logra contar con el dominio de la mina de sales de potasio de Vale, en Malargüe, en la que el Gobierno chino está interesado.

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