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30 de noviembre de 2009
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CASO CARDOZO

La denuncia del testigo hizo resurgir la necesidad de la policía judicial

El sistema haría que la Justicia contara con sus propios investigadores.

    Pasaron más de diez años desde la reforma policial y cinco desde que se decidió implementar el nuevo Código Procesal Penal (CPP), sin embargo, muchas de las razones que existían para la implementación de ambos siguen vigentes. De hecho, el ex ministro de Seguridad Leopoldo Orquín fue uno de los primeros en salir a hablar, luego de que se conociera la denuncia de Ricardo Ferreyra, quien, mediante un video, denunció a un fiscal y a un grupo de policías de armar la de Marcos Cardozo (ver página 19). Este hecho volvió a traer a la luz dos cosas.

    Por un lado, en caso de ser verdad lo denunciado, significará que hubo vicios de la policía que nunca fueron dejados de lado por algunos uniformados. Por otro lado, la necesidad, para algunos fiscales, de que la Justicia tenga su propia policía –la judicial– y no un grupo de uniformados que deban responder a los fiscales, pero cuyos jefes máximos sean las autoridades del Ministerio de Seguridad.

    NUEVO CÓDIGO. La reforma policial tuvo varios capítulos. Dos de los más importantes fue la purga hecha bajo el gobierno de Arturo Lafalla, con el actual secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, como ministro de Seguridad. Y el otro capítulo o pata importante de la reforma fue la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue elaborado por el justicialista Ernesto Nieto, el radical Leopoldo Orquín y el demócrata Juan Carlos Aguinaga y que actualmente sigue sin implementarse completamente.

    Sin embargo, ante el hecho de que el nuevo CPP no se ponga en marcha en toda la provincia, la respuesta que sale siempre desde el Poder Judicial es que la falta de presupuesto impide su implementación. De hecho, el nuevo presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, reafirmó esta situación cuando asumió, la semana pasada, y se mostró esperanzado con contar en el 2010 con más recursos económicos de forma directa y que no estuvieran atados a mayor recaudación, como ocurrió este año.

    Mientras tanto, la falta de dinero impide implementar también cuerpos como la policía judicial, que existe solamente de manera informal y con varias complicaciones. El ex ministro de Seguridad Leopoldo Orquín, actual integrante de la Inspección General de Seguridad (IGS), aseguró que “se han abandonado los principios de la reforma” y que lo único que quedó vigente luego de esta “es la Bicameral de Seguridad y la Inspección General de Seguridad”. En tanto, refiriéndose al caso Cardozo, Orquín explicó que durante su gestión “estos problemas no ocurrieron porque la policía estaba más controlada”.

    Sin embargo, aclaró que aún se debe averiguar la veracidad de la denuncia hecha por Ferreyra, que involucra a un fiscal y a un grupo de policías, aunque reconoció su temor de que “las mafias policiales se estén reorganizando”. Orquín también criticó que se utilice la falta de presupuesto como razón para no implementar el CPP y, con él, la policía judicial. El integrante de la IGS explicó que “la falta de presupuesto puede ser ahora, pero antes hubo tiempos de bonanza”, en referencia, sin nombrarla, a la gestión de Julio Cobos.

    Orquín también criticó a los jueces por no utilizar algunas figuras del nuevo Código Procesal Penal, como la del arrepentido, la del agente encubierto y la del testigo de identidad reservada. A la par de Orquín, una alta fuente judicial también criticó la falta de una policía judicial. Actualmente, los fiscales deben trabajar con policías asignados, pero esto contrasta con el espíritu de la reforma, ya que la idea era eliminar algunos viejos vicios de los uniformados a la hora de esclarecer delitos, pues la propuesta era que recibieran una capacitación especial y que respondieran al procurador general.

    Pero la falta de implementación de este sistema hace que hoy los policías que trabajan en las unidades fiscales deban responder, por un lado, a los fiscales, y por otro, a las autoridades del Ministerio de Seguridad, lo que para algunos fiscales representa una “contraposición de intereses cuando hay un problema”.

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