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9 de julio de 2007
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DECISIÓN JUDICIAL

La Corte ordenó pagar adicional a un buzo por tareas peligrosas

Es el segundo caso en el que el Gobierno debe cumplir con una medida de ese tipo

        En marzo, la Suprema Corte había marcado un precedente, ordenando al Gobierno provincial que abonase un adicional por tareas peligrosas a un policía del Grupo Especial de Rescate, quien realiza trabajos de buceo. Ahora se dio un caso similar y ya es el segundo fallo a favor de los uniformados. El conjunto operativo, con aproximadamente veinte integrantes en toda la provincia, depende del Cuerpo Central de Bomberos, comandado por el comisario Ramón José.


            La Corte ordenó al Ejecutivo pagar la suma de 7.600 pesos al policía Adriano Domingo Odorico, quien argumentó pertenecer a este grupo de rescatistas desde 1977. Hace algunos años, el Ministerio de Justicia y Seguridad de esa época reconoció que Odorico desempeñaba esa función pero desde setiembre de 1999. Por eso y como no hubo pruebas que fundamentaran la participación regular y permanente –como lo exige la ley– del buzo desde 1977, los ministros de la Sala Primera Alejandro Pérez Hualde, Fernando Romano y Aída Kemelmajer de Carlucci, resolvieron que el Gobierno deberá pagar 7.600 pesos a Odorico y no 27.000 pesos, como había demandado el policía.


UNA ODISEA.


         Antes de interponer la demanda, Odorico intentó de diversas maneras que le reconocieran el adicional por tareas peligrosas. Primero presentó varias notas al personal del ministerio antes mencionado y nunca obtuvo respuesta. Posteriormente, realizó un formal pedido de pronto despacho, pero tampoco recibió buenas noticias. Luego de esto, el 13 de abril del 2004 y ante la falta de respuesta ministerial, presentó un recurso jerárquico ante el gobernador de la provincia, pero ni aun así logró los resultados esperados. Ante esa situación, llegó hasta la Justicia Civil y, luego de varias idas y venidas, la Suprema Corte le dio la razón.


 CONTRADICCIONES.


             Adriano Odorico solicitó que los miembros de la Corte ordenen al Gobierno que dicte la resolución administrativa que reconozca que es acreedor al suplemento de riesgo grupo especial de rescate desde octubre de 1977 en adelante, reclamo que el buzo cuantificó en 26.935 pesos conforme a lo que tipifica la antigua ley Nº 5.339 y la actual reglamentación Nº 6.722 del personal policial.


         En tanto, el demandado reconoció luego que Odorico pertenece al Grupo Especial de Rescate desde el 1 de setiembre de 1999 pero niega que le corresponda el pago del adicional, fundando su rechazo en que el policía percibía regularmente desde setiembre de 1999 el plus por bombero, que es un porcentaje mayor que el que Odorico reclamaba. Así las cosas, el tribunal sentenció que no constituía un impedimento el hecho de que a la vez el buzo percibiera otra bonificación por una actividad desempeñada simultáneamente.


        “No existe norma legal expresa que impida la acumulación de suplementos o que permita inferir que en uno (el de bombero) se subsume el otro (el de grupo especial de rescate)”, argumentaron los magistrados de la Suprema Corte.

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