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14 de febrero de 2007
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La Corte intimó al Estado por la cárcel

La Corte intimó al Estado por la cárcel

El máximo tribunal del país obliga al Gobierno de Kirchner a que, en un plazo de veinte días, aporte medidas para hacer cesar la situación de inseguridad que viven los internos de las cárceles mendocinas.

   Nuevamente las cárceles de nuestra provincia están en el centro de la atención nacional. Esta vez, en un fallo de la Corte Suprema considerado histórico por los promotores de la acción, se intimó al Estado nacional a que, en un plazo de veinte días, aporte las medidas necesarias para hacer cesar la situación de inseguridad que viven los internos de las cárceles mendocinas.

   El caso se inició con la denuncia presentada por varios internos y abogados para buscar una solución a los problemas de violencia, maltrato, hacinamiento y falta de condiciones mínimas de higiene. En síntesis, la Corte le dijo otra vez al Gobierno nacional, a través de una resolución que difundió ayer la agencia Télam,que mantenga las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en el 2004 y el 2006 para velar por la integridad y seguridad de los presos de las unidades carcelarias de calle Boulogne Sur Mer y de Gustavo André, Lavalle.

   A pesar de esta nueva solicitud del máximo tribunal nacional, el subsecretario de Justicia,Gustavo Castiñeira de Dios, respondió que no le preocupa la intimidación debido a que el Ejecutivo de la provincia está trabajando duramente en una reforma penitenciaria (ver aparte).

   LAS RESOLUCIONES. Entre otras cosas, la Corte pide preservar la vida de todas las personas que ingresen a esos centros carcelarios, entre ellas, los empleados y funcionarios; que adopte medidas inmediatas conducentes a la separación de los internos encausados y los condenados; que realice investigaciones serias, complejas y ágiles en relación con los actos de violencia ocurridos en el interior de los mismos y que individualice a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes, a modo de prevención para impedir nuevos hechos de violencia.

   También solicitó que el Estado provincial proceda a la readecuación de las instalaciones, a fin de que presten las condiciones mínimas sanitarias para albergar a los internos.

   SÍNTESIS. En abril del año pasado, la Corte le solicitó al presidente Néstor Kirchner y al gobernador Julio Cobos que le informaran, en un plazo de quince días, las medidas concretas que adoptó nuestra provincia para mejorar el estado de la cárcel, tras nuevas denuncias por maltrato. Pero, al parecer, la respuesta nunca llegó.

   Esto, luego de que un mes antes, en marzo, la CIDH le aclaró a Argentina que podía incurrir en responsabilidad internacional si no obedecía el mandato y llegar a ser sancionada con varios millones de dólares de multa. De todas formas, la Corte entiende que el Estado no “ha hecho caso” a las peticiones de los demandantes –los letrados Diego Lavado, Pablo Salinas, Carlos Varela y Alfredo Guevara hijo,– sobre las condiciones de trato y mantención.

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